Las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que fueron aprobadas con los votos del FMLN, Gana y PCN han sido fuertemente criticadas por las organizaciones sociales como el Grupo Promotor de la misma, la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y otras organizaciones de la sociedad civil que han presionado por que esas modificaciones sean vetadas por el presidente de la República, Mauricio Funes.
El Grupo Promotor que integran varias organizaciones, gremiales y tanques de pensamiento fue creado en 2009, precisamente para darle impulso a la citada normativa y al respeto que la ciudadanía tiene de acceder a la información pública.
La misma fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2010, pero dos años y dos meses después, los mismos que la aprobaron le quitaron los “dientes” al dejar a discreción de la entidad dar o no la información requerida y al restarle facultades al Instituto de la Información Pública, que lleva 466 días sin haber sido creado, según el Grupo Promotor.
Ya el vicemandatario, Salvador Sánchez Cerén, quien es un alto dirigente y candidato presidencial del FMLN, se manifestó en favor de que Funes vete esas modificaciones, según dijo en su cuenta de Twitter, “ante las reacciones por las reformas a la LAIP”.
Diputados farabundistas como Lorena Peña y Roberto Lorenzana ya manifestaron la posibilidad de dar marcha atrás a lo aprobado en la madrugada del pasado viernes durante la sesión plenaria con 46 votos. ARENA PDC, CD y los cuatro diputados independientes no acompañaron la iniciativa que fue presentada por el FMLN con dispensa de trámite (sin discusión en la comisión respectiva).
No es la primera vez que grupos sociales se unen y alzan sus voces para presionar a los políticos para que retrocedan en sus intenciones partidarias de tratar de imponer sus intereses en perjuicio del sistema democrático y del estado de derecho.
En momentos en que la institucionalidad del país se ha puesto en riesgo, los grupos sociales han salido a las calles en defensa del respeto de la Constitución y del estado de derecho.
Un ejemplo de ello fue en 2011 con el polémico decreto 743 que aprobó la Asamblea Legislativa, con los votos de los diputados del PCN, PDC, Gana y ARENA, que después se retractó, con miras a quitar poder a la Sala de lo Constitucional que había emitido sentencias que modificaron el sistema político y electoral.
Lo curioso del caso fue que, en cuestión de horas, fue sancionado por el presidente Mauricio Funes.
Entonces se reformó el artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial para que en vez de mayoría, los votos para las sentencias de inconstitucionalidad fueran con el aval de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras que para los recursos de amparo y de Habeas Corpus, se necesitarán solo de tres votos de los magistrados.
En momentos de crisis
Fue en esos momentos en que surgió los Aliados por la Democracia, que también integran gremiales, abogados y grupos sociales. Al igual que otras agrupaciones como Los Indignados salieron a las calles a protestar en contra de las acciones de los legisladores.
Inclusive se hicieron presentes en varias ocasiones en el Palacio Legislativo con la finalidad de conminar a los diputados a dar marcha atrás en sus pretensiones, lo cual ocurrió posteriormente, pues ARENA rectificó y promovió la derogatoria del polémico decreto 743.
De igual manera sucedió con la polémica elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2006 y 2012 y del fiscal general de la República, las cuales fueron declaradas inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.
Una vez más esos fallos no fueron del agrado del bloque FMLN; Gana, PCN y PDC a lo cual los diputados, a excepción de ARENA, se negaron a acatar, y se fueron a la Corte de Managua que falló en contra de la sentencia judicial.
Ese capítulo ocasionó un choque de poderes y una crisis institucional que provocó la intervención de organismo internacional y de funcionarios de Los Estados Unidos, que advirtieron de los riesgos para el país si no se buscaba una solución apegada al respeto del estado de derecho.
No obstante, la presión de las organizaciones de la sociedad civil llevó a los legisladores de estas bancadas a repetir a “regañadientes” la elección de los magistrados y del mismo fiscal general, tal y como se los había ordenado la Sala de lo Constitucional.