La nueva política de ahorro que entró en vigencia a inicios de febrero establece que este año queda prohibido hacer cualquier tipo de aumento salarial a los empleados públicos y que se suspende la creación de nuevas plazas, entre otras medidas.
Con este decreto, el mismo Gobierno se compromete a no incrementar el gasto corriente, considerado por los economistas, como el agujero fiscal del Gobierno.
Sin embargo, el decreto fue firmado por el presidente de la República, Mauricio Funes, un mes después que iniciara el año fiscal, con lo cual es posible que algunas dependencias ya hayan realizado las contrataciones que tenían contempladas en sus presupuestos.
De hecho, el presupuesto de este año consideraba la creación de 3,600 plazas. Entre los principales aumentos de personal están más de mil agentes de la Policía Nacional Civil.
El decreto indica, además que las oficinas gubernamentales “podrán” congelar el diez por ciento de sus asignaciones presupuestarias. No es una obligación, pero la ley les pide que sean austeros con los recursos como los de oficina y limpieza.
Sin embargo, en los últimos días el debate se ha centrado en el acceso a la información sobre el uso de esos fondos públicos.
La semana anterior, el presidente de la República vetó reformas a la Ley de Acceso a la Información que, tras una serie de reformas, restó facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública.
Las reformas llegaron justo cuando este periódico divulgó noticias sobre el gasto que la Asamblea Legislativa hizo sobre artículos de arte, vinos, comida y otros, así como del sobresueldo que recibe el presidente de Cel, Leopoldo Samour, quien en total gana más de $170 mil por año. —EDH Con este decreto, el mismo Gobierno se compromete a no incrementar el gasto corriente