La falta de interés que han mostrado las autoridades salvadoreñas por agilizar no menos de 14 peticiones de extradición de salvadoreños, quienes cometieron delitos en Estados Unidos y se han refugiado en El Salvador, es uno de los principales reclamos que el Gobierno estadounidense ha escrito en un reciente informe enmarcado en el Plan Asocio para el Crecimiento.
De hecho, como parte de los requerimientos para ejecutar dicho convenio, suscrito por ambos países en 2011, el Gobierno estadounidense entregó al Estado salvadoreño, en junio del año pasado, órdenes de arresto en contra de dos salvadoreños.
Al primero de ellos lo está reclamando la justicia estadounidense por el delito de homicidio; al otro, por asociaciones ilícitas y tenencia ilegal de armas de fuego.
Dichas órdenes de captura fueron entregadas a petición de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos se queja de que, hasta el momento, nada se ha hecho por arrestar a los reclamados.
Además de esa reprimenda hacia el Gobierno salvadoreño, expresada en el segundo informe del convenio bilateral Asocio para el Crecimiento, Estados Unidos cuestiona que ningún alto funcionario de la administración de justicia local haya hecho una “declaración pública” sobre la importancia que representa la extradición en el combate de la delincuencia.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron de forma extraoficial que hay no menos de 14 peticiones de extradición en contra de salvadoreños que cometieron delitos en Estados Unidos, pero los procesos no han avanzado.
Las mismas fuentes apuntaron que la Sala de lo Penal, encargada de esos trámites, debería pedir al presidente de la misma Corte Suprema, Salomón Padilla, que agende las peticiones de extradición de personas que tienen cuentas pendientes con la ley en otros países.
Además se pronunciaron por que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Legislativa trabajen en un nuevo tratado de extradición para evitar más demoras, tener más rapidez en las peticiones y agilizar las resoluciones, ya que el tratado que está vigente es obsoleto.
Perfil criminal
La mayoría de los reclamados por Estados Unidos son pandilleros, como Saúl Antonio Turcios Ángel, cabecilla de la mara Salvatrucha (MS).
Turcios Ángel, apodado “El Trece”, es requerido por una corte federal estadounidense por haber ordenado vía telefónica, desde el penal de Ciudad Barrios (San Miguel), los asesinatos de pandilleros rivales que residían en ese país norteamericano.
El Trece se encuentra en la actualidad cumpliendo tres condenas por los delitos de secuestro, homicidio y extorsión. No obstante, en su caso, las autoridades tienen que esperar a que purgue todas las sentencias que le ha impuesto la justicia salvadoreña para que luego pueda ser extraditado.
Otros sujetos que se encuentran prófugos y que también están siendo requeridos en Estados Unidos son Juan Pablo Rodríguez Salamanca, Carlos Flores García, Víctor Alfonso Argueta y Ever Adonai Lucero Echegoyén, a quienes les imputan homicidios y tráfico de drogas, entre otros delitos.
Fiscalía señala: lentitud es de Corte Suprema
El jefe de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), Jaime Cruz, sostuvo que en dos oportunidades han recomendado a la Corte Suprema que le dé el trámite de ley a las últimas dos peticiones de extradición hechas por Estados Unidos, pero hasta la fecha los casos no han prosperado en los tribunales de justicia.
El funcionario aseveró que la Fiscalía se ha centrado en esos dos casos porque están contemplados dentro de Asocio para el Crecimiento, pero, de nuevo, no ha habido avances.
“El problema es que no se la ha dado ningún trámite de ley a las dos peticiones de extradición”, dijo el jefe fiscal.
Cruz prefirió mantener en reserva las identidades de los acusados y los detalles de los casos no sólo porque son confidenciales, sino también para no favorecer la posible fuga hacia otro país, ya que sospecha que están aún refugiados en territorio salvadoreño.
Otra de las quejas de las autoridades estadounidenses es que desde el año 2010 ningún salvadoreño ha sido extraditado para que sea enjuicie por los delitos que se le imputan.
José Marvin Hernández Martínez se convirtió en el último salvadoreño que fue extraditado hacia Estados Unidos para que purgara la condena por uno de los dos delitos por los que fue sentenciado en 2006 en Texas.
El convicto fue entregado a las autoridades estadounidenses bajo el amparo de un tratado que data desde 1911.
Hernández Martínez fue llevado en enero de 2010 hacia Texas para que purgara una condena por agresión sexual en perjuicio de su hija.
El exembajador estadounidense en El Salvador, Charles Glazer, también advirtió antes de dejar ese cargo la necesidad de un cambio de legislación (ver nota aparte).
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, dijo que “el tema de las extradiciones es un tema que no le compete a Seguridad… Es la Corte Suprema de Justicia la que decide las extradiciones”, recalcó.
Por su parte, el subdirector general de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que “lo ideal sería que El Salvador tuviese tratados de extradición con todos los países del mundo, pero en este caso no tenemos ninguna incidencia en las decisiones que puedan tomar las autoridades correspondientes”.
Destacó, además, que la importancia de las extradiciones radica en que se le hace justicia a las víctimas de los criminales, quienes huyen fácilmente a refugiarse en otros países.