La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 76 votos la Ley de Partidos Políticos, sin mayores reformas a la misma, pese a que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y social (Fusades) ha criticado que no tiene las herramientas necesarias para fiscalizar el financiamiento que recibirán los partidos en calidad de donativos para hacer sus campañas electorales.
Según Fusades, la normativa tal como fue aprobada ayer no tiene el poder para regular esta parte, pese a que fue uno de los puntos que detuvieron por varios meses su aval.
Fijar el techo máximo que podrán recibir los partidos políticos, ya sea en especies o en efectivo, para realizar sus actividades proselitistas tuvo enfrascados durante varias sesiones a los diputados de la Comisión de Reformas Electorales del Congreso.
Esto, sin contar que desde 2002 se había venido gestando la idea de avalar dicha ley, pero no fue hasta 2009, y a raíz de presiones de organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que los diputados se dispusieron a evaluarla en serio.
El FMLN quería que el máximo de los donativos fuera de 150 salarios mínimos del sector comercio, lo que equivale a unos $35 mil, en tanto que ARENA no le ponía límites, siempre y cuando se indagara el origen de los mismos.
Al final, lo que aprobaron ayer es que los partidos podrán recibir hasta el 3.5 % del presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para donaciones cuyo fin sea ayudar en sus campañas electorales, y el 2 % del presupuesto ordinario del TSE para su operatividad.
Aprobada así la normativa, implica que para las elecciones presidenciales de 2014, los partidos políticos podrán recibir hasta $939 mil para hacer campaña política, ya que se toma en cuenta el presupuesto extraordinario que el TSE ocupó para los comicios presidenciales de 2009.
Para las elecciones municipales y legislativas de 2015, se tomará como base el presupuesto extraordinario que el TSE utilizó el año pasado para elegir alcaldes y diputados.
Sin embargo, la vigilancia de que esos dineros no provengan de manos ilícitas y, por ende, no comprometan la transparencia de los candidatos que participen en las elecciones no está debidamente contemplado en la ley, según lo observado por Fusades.
La principal crítica que hizo al respecto Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos, de Fusades, es que en la ley se le deja esa competencia al TSE, un ente que, según Rodríguez, no es el idóneo por tener un carácter político.
“Si se quiere dejar al TSE como la autoridad deberían crear una unidad especializada autónoma en el Tribunal, con suficiente presupuesto y atribuciones que hiciera ese papel. De lo contrario, vamos a tener lo que hemos tenido en justicia electoral, cero condenas e investigación parcializada”, valoró Rodríguez.
De acuerdo con Mario Ponce, diputado del PCN, la crítica de Fusades será solventada cuando el TSE sea reformado para separar sus funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Según Ponce, si logran reformar la ley orgánica del TSE, la fiscalización de los fondos que reciban los partidos políticos correría por cuenta de los personeros que liderarán la parte administrativa.
Para el caso, y de acuerdo con propuestas emanadas también de Fusades en días pasados, la parte administrativa del TSE no debería tener participación política.
Ponce afirmó que como PCN promulgarán en estos días porque se realice dicha modificación al Tribunal.
Agregó que así como se avaló ayer la normativa, la información se manejará de forma cruzada entre las entidades que según la ley son los responsables de controlar el origen de los donativos y las cantidades.
Dijo que además del TSE, la normativa involucra al Ministerio de Hacienda y a la Corte de Cuentas de la República.
La diputada del FMLN, Jackeline Rivera, explicó que si la preocupación es certificar que los fondos provienen de fuentes sanas, será el Ministerio de Hacienda quien tendrá la batuta.
Ejemplificó que si Hacienda observa que una persona natural o jurídica dona una gran cantidad de dinero, y para el caso, Hacienda no tiene registrado que tenga una actividad económica que le permita hacerlo, será Hacienda la que investigue el caso.
Sin embargo, al cuestionarle quién se encargaría de denunciar si una situación de esas ocurriera con algún partido, explicó que para eso se determinó en la ley que los institutos políticos deberán realizar balances contables y que su militancia debe estar atenta a vigilar el origen de los fondos.
De hecho reclamó a la pregunta. Dijo que fue el FMLN quien se opuso a que donaran empresas, pero que no tuvieron el apoyo.
“ARENA no quiso, nosotros propusimos que las empresas de economía mixta no donen, entonces: ¿dígame usted, será que estamos haciendo una ley para que el Alba mantenga al FMLN?, el FMLN tiene un sistema de financiamiento interno”, justificó Rivera.
Pero entre los 10 reparos que Fusades hizo a la Ley de Partidos se refleja también que la información de los donantes no será del dominio público.
“Esto es grave, porque la visión original del proyecto que había hecho la Unidad de Análisis de la Asamblea, sí le ordenaba a los partidos contar con una página con datos importantes, desde la normativa aprobada por los órganos de dirección hasta los montos de financiamiento público y privado”, expresó Rodríguez, de Fusades.
Rivera, del FMLN, refutó lo anterior. Afirmó que en la ley se establece que cuando una persona done a un partido político, ésta deberá dar su nombre, su número de DUI y la cantidad que dona. Según dijo, la ley no permite donaciones anónimas.
Pero aclaró que cuando se trate de donativos del sector privado, los únicos que podrán garantizar que estos no sean ilícitos serán los integrantes de los propios partidos, a través de sus balances contables.
Esto es así, ya que el TSE, Hacienda y la Corte de Cuentas, sólo estarán obligadas a publicar en sus sitios de Internet la información de donaciones que sean de entes públicos, no privados, aseveró.
Consultado sobre la ley, el jefe de fracción de ARENA, Donato Vaquerano, dijo que estaban conformes con la redacción. Sin embargo, la tricolor Mariella Peña Pinto no descartó que estén abiertos a realizar reformas a la ley.
Ayer hubo un intento de los diputados Mario Valiente y Edwin Zamora, de ARENA, de reformar el artículo 24 para añadir en el literal “f” la obligación de informar sobre “los montos totales de financiamiento público y privado”, pero no tuvo los votos.
Lo que sí avalaron es una cuota de participación mínima de mujeres del 30 % en los partidos políticos. Fueron pocos los diputados areneros que votaron por ese cambio.