La controversia legal entre la empresa constructora Meco, de origen costarricense, contra Fomilenio se trasladó ayer a la Asamblea Legislativa, ya que se trata de un arbitraje contra el Estado salvadoreño.
Fue la Comisión de Obras Públicas la que escuchó las dos versiones del pleito que se inició por los costos adicionales que afirma Meco haber tenido al construir dos tramos de la carretera Longitudinal del Norte, pero que según abogados de Fomilenio la empresa nunca lo advirtió durante estuvo vigente el contrato sino hasta al final.
Ambas partes defienden su trinchera: la constructora afirma que sus costos se elevaron porque Fomilenio no les dio toda la información que necesitaban para precisar con exactitud el trazo de la obra y los gastos. Además aseguran que durante año y medio le avisaron a Fomilenio sobre el gasto adicional.
Fomilenio alega que esa empresa, al igual que todas las que contrataron, participó en igualdad de condiciones y que si tenía algún reclamo que hacer lo hubiese hecho en tiempo, pero que al presentar una demanda extemporánea no tienen nada que pagarle.
La disputa es por más de $14 millones, afirma José Alfredo Sánchez, vicepresidente de Meco, quien apoyado por otros abogados, entre éstos Michelle Gallardo, expuso los argumentos de la demanda ante un ente local y ante otro de México que consideraron “neutral”.
Meco afirma que el dinero se los deben pagar de los fondos de la Corporación del Milenio, de lo contrario será el Estado salvadoreño el que asuma esa demanda millonaria.
Pero Fomilenio no está dispuesto a darles ni un centavo porque los fondos ya fueron liquidados y el contrato ya había terminado cuando hicieron el reclamo, explicó Ricardo Tablas, asesor legal de Fomilenio.
La Longitudinal del Norte fue construida con parte de los $460 millones que donó Estados Unidos al país. El abogado indicó que desde el 20 de septiembre de 2012 cesó el financiamiento de la Corporación del Milenio.
“Ellos se comprometieron a través de un contrato a desarrollar una obra… a un precio de suma global fija y al final dicen págame más, eso en lenguaje sencillo es un reclamo improcedente. No existen fondos para pagar algo que no se debe”, dijo Tablas.
Sánchez explicó que tenían esperanza de llegar a un “acuerdo amistoso” pero que en diciembre se agotó esa posibilidad.