Venezuela suspendió el jueves toda actividad comercial y financiera con un grupo de funcionarios y empresas panameñas entre quienes figura el mandatario panameño Juan Carlos Varela, como medida de protección a su sistema económico.
La decisión de Caracas se da una semana después que Panamá incluyó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de Venezuela en una lista de “alto riesgo” para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.
En una resolución divulgada en la jornada el gobierno venezolano prohibió por 90 días realizar cualquier actividad financiera, comercial y económica con 22 figuras panameñas y 46 empresas del país centroamericano, entre las se incluyó a la Compañía Panameña de Aviación (Copa), que es una de las pocas aerolíneas extranjeras que continúan operando en Venezuela.
La medida de las autoridades venezolanas también alcanzó a la canciller panameña, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; y la ministra de Gobierno, María Luisa Romero.
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Entre las empresas panameñas afectadas también están Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Noratex, Pan Colombia Travel, Ratan Zona Libre, Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre y Yamaha Music Latin America.
Caracas justificó la suspensión de actividades económicas con figuras y empresas panameñas alegando que lo hace como “medida de protección del sistema financiero, económico y comercial”.
La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá incluyó a 16 empresas venezolanas y 55 personalidades entre las que aparecen el vicepresidente del partido oficialista, constituyente Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros, entre ellos el jefe del despacho de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.
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El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá dijo en un comunicado que la resolución busca que los bancos u otros sectores de servicios hagan una debida diligencia “ampliadas o reforzadas” a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.