Agencias de la ONU y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA rechazaron hoy un proyecto para bajar de 18 a 16 años la edad mínima de imputabilidad, una iniciativa que calificaron como “un retroceso” que no contribuye a luchar contra la criminalidad.
“Bajar la edad de imputabilidad no es la solución, significaría un retroceso en lo que el Estado de Honduras se comprometió a hacer cumplir”, dijo Luis Pedernera, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en una rueda de prensa en Tegucigalpa.
Afirmó que la experiencia internacional señala que disminuir la edad mínima penal “no ha resuelto ningún problema de inseguridad”, pues solo “ha favorecido a carreras criminales y más violencia a la violencia que se quiere combatir”.
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Pedernera se refirió al tema de los menores infractores en momentos en que Honduras se analiza, por iniciativa del poder Ejecutivo, la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad bajo el argumento de que muchos niños tienen participación en crímenes, para lo que son utilizados por adultos.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de Honduras expresó en la víspera su rechazó a reducir la edad de imputabilidad en el país, pero recomendó incrementar la sanción penal máxima de 8 a 15 años.
El documento de la Comisión esta “en contraposición” con las normas planteadas en la Convención sobre los Derechos del Niño y convierte “la privación de libertad en la regla”, señaló Pedernera.
Representantes UNICEF, ONU, Comisión Interamericana DDHH, Casa Alianza y Coiproden en conversatorio “Reducción de Edad Punible en Honduras”. pic.twitter.com/L3ouRbBnIV
— Radio América HN (@radioamericahn) 21 de junio de 2017
Ante este panorama, exhortó al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a “revisar” el documento para que se apegue a las normas de estándares internacionales, y puso a disposición del Gobierno “la capacidad” del Comité de Derechos del Niño de la ONU para “avanzar en lo mejor que necesitan los niños de Honduras”.
Asimismo, Pedernera se expresó a favor de “robustecer el abanico de penas no privativas de libertad”, pues considera que esas sanciones son “más baratas” y “generan menos reincidencia” en los menores.
El portavoz de la Maccih de la OEA, Juan Jiménez, coincidió con Pedernera y subrayó que la política criminal “no puede ser la vía de solución al problema” de los menores infractores en Honduras.
“No es la represión la vía que va a llevarnos a la solución”, enfatizó, y señaló que cualquier política pública debe “estar pensada en el derecho superior del niño”.
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El portavoz de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades hondureñas a pensar en el derecho penal como “la última opción o alternativa que debe tener el Estado para enfrentar el desafío de la inclusión” de los menores, y se mostró a favor de iniciar un debate sobre la temática.
La titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Loli Salas, expresó su “preocupación” por la recomendación de aumentar las sanciones penales, ya que establece un “marco restrictivo a la operatividad y respuesta” de los operadores de justicia.
Enfatizó que Honduras tiene “una oportunidad enorme”, con apoyo del Movimiento Mundial por la Infancia, para construir un sistema que promueva los derechos de los menores y la prevención, “privilegiando el enfoque de derechos de la niñez y no un enfoque de criminalización”.
Según datos divulgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, el número de adolescentes privados de su libertad en centros cerrados paso de 181 en 2012 a 513 en 2016, lo que representa un incremento del 183,4 %.
La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, Ángela Melo, instó a autoridades y organizaciones de sociedad civil a “sentar las bases” de un Sistema de Protección de la Infancia para fortalecer el mecanismo que garantice los derechos de los 3,5 millones de niños en el país.
Unicef señaló que las medidas privativas de libertad deben ser el último recurso, pues ello implica “una socialización de la violencia, la adopción de códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo”.