Desde la Fiscal General de Venezuela, quien es una chavista declarada, hasta magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, órgano afín al chavismo, y un rector de la máxima autoridad electoral, entidad controlada por los chavistas, están en contra del plan de Nicolás Maduro de querer cambiar la Constitución venezolana.
En las últimas semanas Maduro ha perdido apoyo de su mismo círculo ante su intención de hacer una Asamblea Nacional Constituyuente, anunciada el 1 de mayo, para redactar una nueva Carta Magna a la medida de su plan para afianzarse en el poder.
Ya no solo es la oposición la que está luchando por frenar el plan de Maduro, el cual califican de “fraude madurista”, sino que altos funcionarios del Estado le están señalando el fatal error que significa convocar a una Constituyente en medio de la crisis que vive el país.
“En opinión de quien suscribe, para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva constitución”, señaló la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en una carta oficial con fecha 17 de mayo.
La misiva se la envió a Elías Jaua, ex vicepresidente de Venezuela y actual presidente de la comisión encargada de la Constituyente.
Uno de los puntos en los que convergen los chavistas con la oposición es que Maduro quiere pasar por encima de la soberanía del pueblo al no consultarle si están a favor o no de instalar una asamblea que redacte una nueva Constitución.
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De hecho, los mismos chavistas le echan en cara que quiere pasar, incluso, por encima de la ley que su antecesor y mentor, Hugo Chávez Frías, dejó establecida.
Para la Fiscal General, a quien ahora el gobierno tiene en la mira por sus críticas, la actual Constitución, redactada en 1999 bajo el gobierno de Chávez, es “inmejorable”.
La funcionaria chavista fue invitada a asistir el pasado 18 de mayo al Palacio de Miraflores (sede del gobierno) a una reunión en la cual se explicarían las motivaciones, líneas programáticas y los métodos de elección de los que integrarían la Constituyente, pero de nuevo desafió al régimen y no asistió porque no comparte lo que quiere hacer Maduro.
La Constitución venezolana indica que antes de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente tiene que realizar un referendo para consultar a los venezolanos si lo aprueban o no, y luego deben ratificar mediante otra consulta si están de acuerdo con lo plasmado en la Carta Magna.
“Es al pueblo venezolano al que le corresponde convocar a este proceso de Asamblea Nacional Constituyente (???) el presidente de la república tiene la iniciativa más no la convocatoria”, dijo también esta semana Luis Emilio Rondón, uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
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Es el único miembro de ese órgano controlado por el chavismo que se ha atrevido a disentir e incluso a desmentir a la presidenta del CNE.
“El tema de la constitucionalidad es fundamental y es importante (???), no se puede hablar de paz si en definitiva atropellan o incumplen procesos constitucionales”, agregó Rondón el pasado 24 de mayo.
El funcionario desmintió a su superior en el CNE, Tibisay Lucena, de que la decisión de aprobar el cronograma para la Constituyente fue por “unanimidad”, ya que él no votó.
Esa institución aprobó de forma exprés el documento que Maduro les presentó el pasado 23 de mayo con las bases para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.
Jueces críticos
Otras voces importantes y además autorizadas que han rechazado la Constituyente de Maduro son magistrados del Tribunal Supremo, quienes han expresado sus argumentos jurídicos de por qué esa medida no sería legal.
El magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Mojica, ha expresado que “está en juego la estructura del Estado y la paz social” y ha sido categórico en apoyar la posición de la chavista Ortega Díaz.
“En este momento yo apoyo, sin ningún temor, a la Fiscal General, que no es cualquier funcionario”, expresó.
Uno de los aspectos que critica el juez, quien fue designado en 2014 por la Asamblea Nacional controlada en ese momento por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, es que se quiera obviar la consulta al pueblo antes de convocar a una Constituyente.
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“Este es el mecanismo de democracia directa mediante el cual los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de su acuerdo o desacuerdo con la referida Asamblea o la aprobación de una nueva constitución; de lo contrario, sería una Constituyente espuria por provenir del fruto del árbol envenenado, una metáfora legal para referirse aquello que se hace al margen de nuestra Constitución”, afirmó Mojica.
Su colega en la Sala de Casación Penal del TSJ, Marisela Godoy, también designada en 2014 por la Asamblea de ese entonces, se ha sumado al rechazo del plan de Maduro.
“Echan a la basura la frase de Hugo Chávez: ???no se puede cambiar ni una coma, ni una letra de la Constitución sin consultar al pueblo”, dijo Godoy a medios venezolanos esta semana.
Según el periódico venezolano El Nacional, la magistrada calificó como “grupo minúsculo” a quienes insisten en reformar la Carta Magna y ella aseguró que: “No representan al país”.
Para Godoy “la Constituyente no nos va a representar y traerá como consecuencia más sangre y más horror”.
Y consciente de las represalias que puedan venir del gobierno por su posición ante una medida oficialista que no comparte, la funcionaria judicial dijo que “a estas alturas ya no me importa”.
Protestas salen de control en Venezuela
La jueza ya había desafiado al régimen de Maduro en abril de este año cuando se abstuvo de firmar las sentencias que le quitaban competencias al Parlamento, dominado por la oposición, y que eliminaban la inmunidad parlamentaria de los diputados.
De hecho esas sentencias son las que han generado la nueva ola de protestas masivas en Venezuela que ya tienen casi dos meses y que han dejado más de 50 muertos, cientos de detenidos y miles de heridos.
La oposición ha salido a las calles a manifestarse contra lo que califican “golpe de Estado”, ya que Maduro quiere eliminar de su camino a los opositores en el Parlamento, primero con las sentencias y ahora con la Constituyente.
Además han protestado contra la creciente represión de las fuerzas chavistas, han abogado por los presos políticos y han exigido que haya elecciones transparentes.
Del lado opositor también la Iglesia Católica venezolana y la principal patronal, Fedecámaras, han externado su rechazo a la Constituyente.
La obstinación de Maduro
Pero a pesar de las voces discordantes entre los mismos chavistas, las de la oposición y la presión internacional, Maduro está obviando el proceso de consulta previa y ha anunciado sus propias reglas para la Constituyente, las cuales van enfocadas a que sean fieles chavistas los que formen la nueva asamblea y redacten otra Carta Magna.
El CNE determinó que la elección de los 540 que redactarían la nueva Constitución será a finales de julio.
Las reglas de Maduro establecen que los asambleístas serían electos una parte (364) por votación municipal y otra (176) por sectores, en su mayoría afines al chavismo, que deberán postularse ante la máxima autoridad electoral, es decir el CNE, que decidirá qué sectores pueden postularse para la elección.
La oposición ha denunciado que el Gobierno se quiere asegurar el control de los asambleístas elegidos por estos sectores.
Y según el plan oficialista, la Asamblea Constituyente sesionaría en el Parlamento venezolano, en manos de la oposición.