BRASILIA. El diario Folha de Sao Paulo aseguró que la información está contenida en el testimonio de Otavio Marques Azevedo, ex director ejecutivo de la segunda mayor constructora del país, quien fue detenido en junio pasado.
Azevedo confesó, en el marco de la investigación sobre la red de corrupción en Petrobras, que millones de dólares donados legalmente a la campaña de Rousseff provenían originalmente de sobornos pagados por la constructora Andrade Gutierrez para la obtención de grandes contratos.
En 2014, la segunda mayor contratista del país donó 20 millones de reales ($5.5 millones) para la campaña presidencial de Rousseff. De acuerdo con la información proporcionada por Marques, otros 10 millones de reales ($2.75 millones) habrían sido donados al oficialista Partido de los Trabajadores entre los años 2010 y 2012.
Según declaró el empresario, este dinero procedía de desvíos que tenían su origen en contratos firmados por la constructora para la ejecución de obras como el Complejo Petroquímico de Río, la central nuclear Angra 3 o la hidroeléctrica Belo Monte.
El abogado de la campaña de Rousseff, Flavio Caetano, negó esas acusaciones y dijo a Folha que “toda la recaudación de la campaña de 2014 de la presidente fue hecha de acuerdo a la legislación electoral vigente”.
La mandataria ya enfrenta el riesgo de un juicio de destitución por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015. Si el impeachment se aprueba, sería sustituida por su vicepresidente Michel Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de impeachment.
Temer pertenece al partido centrista PMDB, que la semana pasada rompió su alianza con el PT.
Pero también está en curso un proceso ante la Justicia Electoral, que investiga si la campaña de Rousseff recibió dinero sucio de Petrobras. Si es hallada culpable en este caso, su reelección sería anulada y tanto ella como Temer tendrían que abandonar el poder, antes de que nuevas elecciones sean convocadas.
Investigadores dicen que durante años, desde el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), también del PT, ha estado operando un grupo de poderosas empresas concertadas con políticos para pagar sobornos a cambio de contratos inflados.
Por este escándalo se investiga a una veintena de grandes empresas y a medio centenar de políticos, entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador. Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones. Otra empresa investigada en el caso Petrobras es Intertechne, contratada por CEL para hacer dos diseños de la represa.