QUITO. El gobernante de Ecuador, Rafael Correa, destituyó al alto mando de las Fuerzas Armadas en medio de la tensión creada por el retraso en el pago de las pensiones a los militares jubilados.
Según medios ecuatorianos, el detonante fue la negativa del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) a devolver los 41 millones de dólares que supuestamente cobró en exceso al Ministerio del Ambiente por la venta de un terreno en Samanes (Guayaquil) en 2010.
El supuesto sobreprecio fue detectado por la Procuraduría del Estado, el pasado 18 de noviembre del 2015, en base al avalúo municipal.
La cartera de Finanzas para recuperar el dinero cobrado en demasía iba a hacer un ajuste de la deuda que mantiene el Estado con el Issfa -que asciende a 260 millones de dólares y corresponde al retraso de los aportes del Estado para el pago de las pensiones jubilares- pero los militares se negaron.
El todavía jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Garzón, expresó el desacuerdo de la institución castrense con el informe de la Procuraduría e instó a las partes a respetar el acuerdo suscrito voluntariamente hace cinco años y no esquilmar los recursos que le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias.
Además recalcó que la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac), que es parte del Estado, realizó el avalúo de las 220 hectáreas vendidas al Ministerio del Ambiente.
Pero Garzón y el resto de generales eran cesados en sus funciones dos horas después de su comparecencia. “Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al Alto Mando. No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país”, decía el gobernante Correa en las redes sociales.
Y dos horas más tarde se daban a conocer los nombres de los generales que pasaban a ocupar el Alto Mando militar y que fueron designados mediante dos decretos presidenciales.
Los militares cesados son Luis Garzón, que se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Carlos Obando, excomandante del Ejército; y Alfredo Chávez, jefe de la Fuerza Naval. Ellos apoyaron la posición del Issfa y pidieron respeto al contrato de compra-venta de los terrenos de Los Samanes, detalló la Agencia de Noticias Andes.
Pablo Terán, representante de los jubilados de las Fuerzas Armadas, dijo a medios loclaes que temen que el retiro del dinero haga “tambalear al Issffa” pues el pago de los 260 millones que el Estado debe al instituto iba a garantizar sus pensiones.
Ellos en noviembre pasado alertaron de que el Issfa no tenía recursos propios para continuar con el pago de las pensiones y el Estado se comprometió a pagar su deuda en cuatro partes y seguir con el aporte del 60% de las pensiones jubilares.
Sobre la venta del terreno en Guayaquil, Terán dice que en el pasado ya se quejaron por la venta pues la consideraron “muy barata”.
El representante de los jubilados cuenta, además, que el plan original con este terreno era construir viviendas y venderlas, para con estos recursos garantizar las pensiones jubilares hasta 2030.
Correa al hilo de esta preocupación de los jubilados dijo en las redes sociales que ni el Issfa ni el Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía) pueden dejar de cumplir con tus pensiones, y peor quebrar. “Confíen en su Comandante en Jefe: jamás les fallaremos”, concluyó en su comunicado.