BRASILIA. La justicia brasileña autorizó el inicio de otra investigación sobre supuestas propiedades del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, centrada ahora en una finca que frecuenta pero de la que niega ser dueño, confirmaron ayer fuentes oficiales.
El juez Sergio Moro, responsable de la causa “Lava Jato” (Lavado Rápido de dinero) sobre el caso “Petrolao”, autorizó a la Policía Federal que realice averiguaciones. Aclaró que serán realizadas bajo un estricto secreto judicial
El caso ha sido difundido por la prensa local, que en los últimos días ha levantado serias sospechas sobre el verdadero propietario de una finca campestre de 173 mil m cuadrados situada en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo.
Según diferentes versiones publicadas por la prensa brasileña, apoyadas en informaciones del propio Gobierno, el sitio ha sido visitado por Lula y su familia “111 veces” en los últimos años y en los registros oficiales aparecen como propietarios dos amigos del exmandatario.
Sin embargo, la prensa brasileña sostiene que empresas implicadas en las corruptelas en la estatal Petrobras han realizado costosas reformas en la propiedad, que incluso habría sido amueblada por el propio Lula.
El expresidente ha admitido que visita la finca con frecuencia, pero ha negado una y otra vez que sea su dueño y sostiene que existe una “trama” que intenta “ensuciar” su nombre y tratar de vincularlo a la corrupción petrolera.
Con esa decisión queda abierto otro frente jurídico contra Lula, quien el 17 de febrero deberá comparecer ante un fiscal de San Pablo.
Este caso se relaciona con otro ya en trámite en la justicia, que también salpica a Lula e intenta determinar si parte del dinero desviado de la petrolera se blanqueó mediante operaciones ilegales en el sector inmobiliario.
Esa investigación está centrada en un edificio situado en la ciudad balneario de Guarujá y propiedad de la constructora OAS, en el cual se sospecha que Lula posee un apartamento de tres plantas, pese a que éste también lo ha negado en varias ocasiones.
El apartamento está registrado en nombre de OAS, implicada en la corrupción petrolera y también responsable por algunas de las reformas realizadas en la finca que ahora se investiga.
Según sospecha la Policía Federal, la empresa OAS distribuyó apartamentos en el edificio de Guarujá como parte de las coimas que pagaba a los políticos que amparaban los desvíos de Petrobras.
En ese caso, Lula aparece como “investigado” por los supuestos delitos de “ocultación de patrimonio” y “lavado de dinero”.
El exmandatario también es objeto de otra investigación judicial, abierta sobre la base de supuestas irregularidades y fraudes en el dictado de decretos que, durante su gestión presidencial, otorgaron beneficios fiscales a empresas del sector automotor.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido en el 2009, durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época era ministra de la Presidencia.
Iniciado en 2014 el proceso “Lava Jato” procesó a decenas de dirigentes políticos, empresarios y ex ejecutivos de la petrolera que formaron una asociación ilícita.
Uno de los encarcelados por esa trama delictiva es José Dirceu ex hombre fuerte del gobierno de Lula e importante dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).
Altos ejecutivos de OAS también fueron condenados por el juez federal de primera instancia Sergio Moro, de la sala 13 federal de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.