BRASILIA. El Tribunal Supremo notificó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sobre los cargos de corrupción que pesan en su contra y le dio un plazo de diez días para defenderse.
Cunha está acusado de haber participado en la red de corrupción que operó en Petrobras, de la cual habría recibido unos $5 millones por su supuesta colaboración en fraudes con contratos que la petrolera ofrecía a empresas privadas.
La Procuraduría General, que junto con la Policía Federal está a cargo de la investigación, sostiene que existen pruebas contundentes contra Cunha y ha pedido a la Corte Suprema que le sea retirado el escaño o que al menos se le obligue a separarse de la presidencia de la Cámara Baja.
La notificación oficial entregada ayer a Cunha abre un plazo de diez días para que Cunha presente sus argumentos de defensa a la Corte Suprema.
Cunha es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.
Sin embargo, pese al carácter oficialista de esa formación, el año pasado Cunha anunció su decisión “personal” de pasar a engrosar las filas de la oposición al gobierno de Dilma Rousseff.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición sobre la base de unas irregularidades en las que el gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.
Ese juicio llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema por algunos “errores de procedimiento”.
Cunha, además, es objeto de un juicio político en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que podría despojarlo de su mandato.