GUATEMALA. Agentes del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), registraron ayer siete edificios en busca de documentos sobre plazas fantasmas en el Congreso, informó una fuente oficial.
La portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera, dijo a periodistas que en total se desarrollaron 7 allanamientos “a inmuebles particulares” en los departamentos de Huehuetenango (noroeste), Chimaltenango (oeste) y Guatemala, que incluye la capital.
En los registros “se busca documentación que pueda ayudar a la Fiscalía en el proceso de investigación” por plazas fantasmas en el Organismo Legislativo, en el que está implicado el expresidente del Congreso Pedro Muadi, detalló Barrera.
Según el MP, al menos 23 personas, entre ellos colaboradores de Muadi, han sido detenidas desde julio pasado por su presunta implicación en la red de plazas fantasmas en el Parlamento.
De acuerdo con las investigaciones, la red encabezada por Muadi habría sustraído más de 4,73 millones de quetzales (618.764 dólares) de fondos del Congreso en adjudicación de plazas fantasmas, entre ellas las de 15 guardias de seguridad privada, quienes no se presentaban a trabajar.
Según la Cicig, los guardias habían firmado contrato en el Congreso por 8.000 quetzales cada mes (1.044 dólares) pero recibían en efectivo 2.000 quetzales (261,09 dólares).
Muadi se encuentra en prisión preventiva y encausado desde noviembre pasado por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado (corrupción).
En este caso de las plazas fantasmas detectadas en el Congreso, el MP dijo que cuenta con dos colaboradores que ya declararon ante la justicia sobre la forma como operaba la estructura.
Por otra parte, un total de 960.000 quetzales (unos 125.326 dólares) fueron embargados a Lissette Pérez Leal, hija del expresidente de Guatemala (2012-2015) Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por actos de corrupción, informó una fuente judicial.
La decisión la adoptó el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, por sospechas de que los recursos que estaban en cuentas bancarias podrían provenir de la estructura criminal “La Línea” en la que se implica al exmandatario.
El embargo permitirá a las autoridades investigar si los fondos provienen o no de defraudación aduanera.
Pérez Molina se encuentra en prisión desde septiembre pasado tras ser acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de ser uno de los líderes de la red de defraudación autodenominada como “La Línea”.
El exjefe de Estado está acusado de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
Por ese caso a Pérez Molina le embargaron seis cuentas bancarias que suman unos seis millones de quetzales.