La Policía Federal de Brasil investiga el papel de uno de los principales asesores de mercadotecnia del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Santana, en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, informó hoy el organismo.
En una nueva fase de la investigación, que ha recibido el nombre de ‘Acarajé’, en alusión a un término empleado por algunos de los investigados para referirse a los pagos en especie, la Policía busca esclarecer el esquema de pagos de sobornos que incluían, entre otros, a cargos públicos brasileños y argentinos.
Esta vigésima tercera fase de la operación policial por el caso de Petrobras se lleva a cabo este lunes en diversos municipios de los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía y contempla el cumplimiento de 38 órdenes de registro, seis de detención temporal, dos de prisión preventiva y cinco de prestación de declaración.
De acuerdo con la investigación, Santana habría recibido hasta tres millones de dólares a través de empresas ‘offshore’ (en paraísos fiscales) vinculadas a la compañía constructora Odebrecht, una de las mayores de Brasil, con operaciones en decenas de países, muchos de ellos de América Latina.
Santana es presidente de Polis Propaganda e Márketing, empresa responsable de las últimas dos campañas políticas de la presidenta Dilma Rousseff.
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Representantes de la Policía Federal afirmaron hoy en Curitiba (sur), en una declaración a los medios de comunicación, que en el transcurso de las investigaciones fueron descubiertos documentos con registros de gastos de las campañas electorales de 2008 y 2012 vinculadas al partido de Rousseff.
En estos documentos aparecen, además, las siglas M.O. que, de acuerdo con las autoridades, serían una referencia a Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa constructora Odebrecht y en prisión desde el pasado 19 de junio debido a acusaciones de irregularidades en contratos firmados con Petrobras.
Las autoridades informaron que próximamente Odebrecht será conducido a la Superintendencia de la Policía Federal para prestar declaración sobre estas nuevas acusaciones.
En un comunicado, la empresa confirmó hoy que sus oficinas en Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía están siendo objeto de registro por parte de la Policía Federal, y mostró sus “disposición” para “colaborar con la operación en marcha”.
Las investigaciones apuntan a que el empresario habría tenido el control sobre los pagos realizados, entre 2012 y 2013, por medio de empresas ‘offshore’ a Santana, con fondos que eran depositados en diversas cuentas en Suiza.
El fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima afirmó que existe un mandato judicial de prisión temporal contra Santana, que no ha podido ser ejecutado debido a que el investigado se encuentra con su mujer fuera del país.
El comisario Igor Romario de Paula, en tanto, señaló que el nombre de Santana y de su esposa, Mónica Moura, quienes están en República Dominicana, país donde el publicista tiene negocios, serán incluidos en la lista de personas buscadas por la Interpol.
La Asesoría de Prensa de la empresa de Santana señaló que el abogado Fabio Toufic, que defiende al publicista, convocará a una rueda de prensa para esclarecer al público sobre la situación.
Mediante este esquema, también habrían recibido pagos el exdiputado José Dirceu, durante años el principal colaborador del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y condenado en 2012 en el marco de la investigación, y diversos cargos públicos argentinos.
De acuerdo con las autoridades brasileñas uno de los beneficiados por el esquema de sobornos sería el exsecretario de Transportes de Argentina Ricardo Jaime.
Los detenidos en esta nueva fase de la investigación serán conducidos a la ciudad de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde se centra el proceso judicial.
Según la Policía Federal, que investiga el caso, las empresas privadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.
La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción que operó en la empresa se apropió en forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares.