En un ambiente de expectativas y dudas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) instaló el lunes una misión de expertos internacionales que por al menos cuatro años buscará combatir una denunciada corrupción e impunidad en Honduras.
“La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) comenzó hoy mismo a enfrentar de manera decidida los flagelos que agobian a este país”, dijo a The Associated Press el peruano Juan Jiménez, vocero y líder del grupo investigador.
Como ministro de Justicia, Jiménez contribuyó en Perú a encarcelar por corrupción al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien aún está preso. Actualmente, Jiménez es embajador de Perú ante la OEA.
“La Maccih es una iniciativa sin precedentes dirigida a producir una reforma estructural en la administración de justicia hondureña”, subrayó.
Según el funcionario, la corrupción absorbe cada año el 2% del Producto Interno Bruto de Honduras, de 22.000 millones de dólares.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dijo en un comunicado que “en siete años, Honduras podrá ser autosuficiente a la hora de abordar sus casos de corrupción”, luego de asegurar que “la Maccih es una contribución seria y profunda en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y, en eso, vamos a ser absolutamente inflexibles”.
HONDURAS: #MACCIH de la OEA
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El acuerdo final para poner esta misión especial en operación fue firmado el 19 de enero pasado en Washington por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien señaló que la misión fortalecerá la institucionalidad de Honduras, debilitada por la injerencia del ejecutivo en los restantes poderes y las entidades estatales. El convenio, sin embargo, aún no lo aprueba el Congreso.
Es la primera vez que la OEA crea una misión de este tipo para trabajar en un Estado miembro y la integran unos 30 investigadores, jueces y fiscales extranjeros e igual número de hondureños. La misión tendrá un presupuesto de entre 7 y 10 millones de dólares anual de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos.
Los casos a investigar son escogidos por la misión, pero ha trascendido que entre ellos figuran 13, siendo el principal el del Instituto de Seguridad Social, saqueado por más 300 millones de dólares y considerado uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al país en las últimas décadas.
El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin saberlo.
Esa situación provocó que entre mayo y octubre de 2015, una multitud de jóvenes con antorchas en mano de la Oposición Indignada exigiera en las calles la dimisión de Hernández y que un tribunal internacional de Naciones Unidas y la OEA enjuiciara a todos los involucrados en la corrupción en el país, donde el 62% de los 8,7 millones de habitantes vive en la pobreza.
La OEA auspició en agosto pasado un diálogo nacional a petición de Hernández en un intento por calmar a los indignados. El chileno John Biehl, nombrado por Almagro como el facilitador, fracasó en el intento de llegar a un consenso sobre el tema.
Los indignados cuentan con un gran poder de convocatoria por las redes sociales.
Ariel Varela, líder de la Oposición Indignada, afirmó a la AP que “la Maccih no es lo que la sociedad demanda, pero es un logro del pueblo en las calles y es lo que tenemos”.
Se refirió así que los indignados exigieron a la ONU que creara un grupo de investigadores similar al que funciona desde 2006 en Guatemala y que provocó la renuncia y arresto y encarcelamiento del presidente de ese país Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti por un sonado fraude en las aduanas,
Entre los problemas más graves de Honduras están la corrupción y la debilidad institucional, lo que lleva a una “impunidad generalizada”, de acuerdo con un informe reciente sobre derechos humanos en Centroamérica divulgado por el Departamento de Estado norteamericano.
Honduras es una de las naciones del mundo con mayores índices de impunidad y violencia, ya que 91% de los delitos cometidos en el país no son enjuiciados jamás, según el Ministerio Público. La tasa de homicidios del país es de 66 por cada 100.000 habitantes, cuando la mundial es de 6.2.