El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, ha pedido la entrega en extradición de los cuatro militares salvadoreños detenidos el sábado en su país, en cumplimiento de una orden suya por su presunta relación con el asesinato de seis jesuitas en el Salvador en 1989.
Tras ser informado a través de Interpol de esos arrestos, el magistrado Eloy Velasco pidió al Ejecutivo español que inicie los trámites y reclame la extradición de los cuatro militares, ya retirados: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
El pasado sábado, los cuatro fueron detenidos en cumplimiento de las 17 órdenes de detención de otros tantos militares, que reiteró el juez el pasado 5 de enero tras haberlas emitido por primera vez en 2011.
Los detenidos están relacionados con la masacre, que juzga la justicia española, y que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes: los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.
También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
Horas antes del operativo salvadoreño, una jueza estadounidense dio luz verde a la extradición a España del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por este mismo caso.
El resto de reclamados son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto sierra, Guillermo Alfredio Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.
Velasco pidió en agosto de 2011 la detención de 20 militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las mismas a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España.
Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema permitió la captura de los militares, de los que ahora han sido detenidos cuatro y el resto están prófugos.