Radicales islamistas con pasaportes venezolanos

Diario ABC expone dos casos de apoyo de Venezuela a Hizbolá.

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elsalvador.com

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2016-01-03 9:03:00

Un iraquí, posible militante de Hizbolá, fue detenido en febrero de 2015 por la policía de Basora, con varios pasaportes falsos emitidos por las autoridades de Caracas, informó el periódico español ABC. 

El diplomático venezolano que le denunció asegura que el sujeto, conocido como El Tamimy, le amenazó: «no sabes con quién te has metido; ya puedes ir llamando a Maduro y decirle quién soy yo; te vas a quedar sin trabajo». Dicho y hecho: el funcionario lleva meses fuera de su destino y sin percibir sueldo, agregó el diario.

Según ABC, el paradero de El Tamimy y otras nuevas informaciones sobre los movimientos en Oriente Medio de extremistas árabes con pasaportes venezolanos están siendo investigados por Estados Unidos, que lleva tiempo tras la pista de la cobertura que el régimen de Hugo Chávez, primero, y Nicolás Maduro, después, ha prestado a radicales islamistas a través de sus embajadas y consulados y en la propia Venezuela.

ABC afirma que Maduro se reunió en 2007, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, con el líder de Hizbolá, Hasán Nasralá, como desveló hace unos meses el libro «Bumerán Chávez». El encuentro secreto tuvo lugar en Damasco y en él se trató del apoyo de Venezuela a la organización armada chií de origen libanés (entrega de pasaportes, tráfico de armas y participación en el narcotráfico).

El mismo año se había puesto en marcha, por decisión de Chávez y del entonces presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, la ruta aérea Caracas-Damasco-Teherán. La conexión facilitó el movimiento de militantes de Hizbolá, dice el diario español.

Precisamente El Tamimy iba a embarcar en ese vuelo en enero de 2008 con boleto para Damasco, cuando fue detenido al entrar en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía con 2,2 kilos de cocaína en su maleta. 

Viajaba con pasaporte iraquí a nombre de Ali Ahmed Adhan, emitido por las autoridades iraquíes de Basora, zona de mayoría shií en la que, según el documento, había nacido. Pero, en el doble fondo de la maleta, la policía también encontró un pasaporte y una cédula de identidad venezolanos a nombre de Ghuneim Ali Abrahim. Más adelante dispuso de otros documentos oficiales venezolanos que le presentaban como Ahmed el Tamimy Villalobos, supuestamente nacido en Maracaibo.

ABC explica que tras su detención en 2008 fue sentenciado a ocho años de prisión, pero permaneció poco en la cárcel. Allí fue visitado por personal del Ministerio de Exteriores de Irak, como atestiguan varias fotografías. En marzo de 2010 se le concedió libertad condicional, avalado por el semanario «Sexto Poder» para trabajar como asistente de fotolito e imprenta.

Entonces su pista desapareció. Al parecer estuvo detenido en Francia en 2012 por narcotráfico y en Dinamarca en 2013, por lavado de dinero. En 2015 emergió en Oriente Medio. Es ahí donde Misael López Soto, consejero de la embajada de Venezuela en Irak, lo encontró. El diplomático acudió a Basora para intentar que la esposa de El Tamimy, de nacionalidad venezolana, pudiera abandonar el país con su hijo de dos años, a los que el hombre retenía. Ante la policía iraquí, El Tamimy hacía valer su identidad iraquí, pero López Soto desveló a las autoridades locales las otras identidades usadas por el hombre. Finalmente la esposa, Génesis Torres Sánchez, pudo viajar con el niño a Caracas, pero no sin que el diplomático se ganara las amenazas de El Tamimy y la advertencia de que se quejaría con Maduro. 

Debido a esas altas conexiones el embajador en Irak, Jonathan Velasco Ramírez, se había alejado del caso con anterioridad y aconsejado a López Soto que no buscara problemas. Entre los documentos sobre El Tamimy reunidos por López Soto hay una partida de nacimiento venezolana, con detalles oficiales («te construyen una vida», denuncia el diplomático)

También en los últimos meses ha reaparecido en Oriente Medio Diab Fattah, alguien por el que el FBI ya mostró interés después del 11-S por haber hecho un curso en una academia de vuelo a la que asistió uno de los pilotos suicidas que atentaron contra Estados Unidos. 

Debido a que se encontraba ilegalmente en EE.UU. fue entregado a Venezuela a finales de 2001 con el compromiso de que fuera devuelto para futuros interrogatorios. Pero al aterrizar en Caracas desapareció. En mayo de 2015 fue detenido en Jordania, bajo sospecha de financiar terroristas.

Según documentos logrados por López Soto, la inteligencia jordana determinó que usaba dos pasaportes, uno venezolano, a nombre de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah (otros tres pasaportes venezolanos están registrados con nombres muy parecidos) y otro palestino, en el que figuraba como Hakim Mohamed Ali Semreen. 

Diab Fattah, que cuenta con un familiar en la Embajada de Venezuela ante la Autoridad Palestina, había abierto una cuenta corriente a finales de 2013 con 100.000 dólares. 

Fue puesto en libertad tras explicar que era una herencia, algo que justificó la Embajada de Venezuela en Jordania. López Soto recuerda que el consejero en Amán, Hussan el Aissami, es primo de Tareck el Aissami, exministro y gobernador, a quien EE.UU. señala como alguien muy próximo a Hizbolá.

El uso de los consulados y embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar documentación oficial a elementos radicales ya fue puesto de manifiesto en el caso de Ghazi Nassereddine, quien fue consejero en la Embajada de Damasco y se inmiscuyó en la de Beirut. Nassereddine, libanés-venezolano promocionado por Maduro cuando era canciller, fue incluido en 2015 por el FBI en su lista de personas de especial interés.

Entre las denuncias que ahora revela Misael López Soto, consejero en la Embajada de Irak, está la presentada en 2014 contra una empleada de esa legación que emitía de modo irregular documentos venezolanos a nombre de personas procedentes de Siria, Palestina, Irak y Pakistán. 

Aunque podía tratarse de una red de corrupción con fines lucrativos, el hecho que el embajador impidiera investigar el caso (la mujer sigue trabajando en la embajada) muestra el presunto consentimiento de las autoridades venezolanas con el procedimiento.