WASHINGTON. Grupos civiles y organizaciones proinmigrantes trabajan para asesorar a familias centroamericanas indocumentadas ante la posible ola de deportaciones, sobre todo tras las primeras detenciones registradas este fin de semana en Atlanta, Georgia (EE.UU.).
El esfuerzo se da tras el arresto de 121 inmigrantes este fin de semana en la costa este y en Texas, lo que provocó alarma entre los indocumentados.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), el operativo estuvo enfocado en familias y niños centroamericanos que fueron detenidos después del 1 de mayo del 2014 tras cruzar la frontera de manera ilegal, tienen órdenes finales de deportación y han agotado las posibilidades de regularizar su situación migratoria.
Virginia Kice, portavoz del ICE, dijo que todavía no tenía información sobre la nacionalidad de los detenidos ni sabía cuántos eran padres y niños. Pero al menos 26 guatemaltecos con órdenes finales de deportación, muchos de ellos familiares, habrían sido detenidos, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales.
Operativos como el del fin de semana seguirán ocurriendo en el futuro cada vez que lo “consideremos apropiado”, agregó el secretario de Estado norteamericano.
“Estamos trabajando de forma conjunta para poder tener listas las mociones de reapertura y tratar de detener las deportaciones. Hasta el último momento existe una oportunidad”, dice Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Aunque AILA y las organizaciones comunitarias alrededor de todo el país han estado trabajando desde vísperas de Navidad para evitar la deportación de familias centroamericanas que entraron sin documentos en 2014, los operativos realizados en Georgia, Carolina del Norte, Texas y Maryland obligaron a estos defensores de inmigrantes a acelerar sus estrategias.
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, advirtió ayer en un comunicado que las redadas de este fin de semana no deberían ser una sorpresa para nadie.
“He dicho públicamente durante meses que los individuos que constituyen una prioridad serán removidas del país, esto incluye a las familias y los niños no acompañados”, insistió.
Los arrestos y operaciones recientes del DHS serán incluidos en la campaña de mensajes que el gobierno está implementando en Centroamérica para educar y desalentar a las familias que están considerando emigrar de forma indocumentada hacia EE.UU., aseguró Johnson.
Para el director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado, las acciones del DHS de este comienzo de año están basadas en una estrategia meramente política.
“Estas deportaciones son motivadas por la política, esta Administración quiere demostrar que no es débil y que implementa las leyes, es un año electoral”, advirtió.
Mientras las voces de protestas se escuchan en toda la nación, los activistas han puesto en marcha varias estrategias a nivel nacional para que las familias de los afectados denuncien los arrestos.
“Vamos a realizar talleres para que los indocumentados estén informados y estamos urgiendo a las personas que puedan verse afectadas a que se comuniquen con las organizaciones comunitarias y sus abogados”, advirtió Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Nieblas aseguró que los inmigrantes afectados por las acciones de las autoridades pueden ser miles: desde personas que perdieron sus casos en una corte por la celeridad con la que se procesó a inmigrantes que desatendieron las audiencias o indocumentados detenidos en redadas hasta aquellos que aún no tienen un abogado que los represente.
Un estudio reciente de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) reveló que, a pesar de que la representación legal les permitiría tener más opción de obtener un amparo migratorio, sólo una cuarta parte de las familias con un proceso en una corte de inmigración tiene abogado.
Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración y miembro de AILA, el movimiento de los indocumentados fuera del estado donde se está llevando su caso aumenta los obstáculos para que los abogados logren someter una reapertura de caso o una apelación.
De acuerdo a las cifras de TRAC, en lo que va del año fiscal 2016, más de 5,800 inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras han recibido una orden de deportación.
Por su parte, Johnson aseguró que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) implementó acciones que aseguraran el respeto a las familias detenidas, utilizando agentes femeninos y personal médico para apoyar el desarrollo de las operaciones.
La mayoría de los 121 indocumentados fueron trasladados a un centro de detención en Texas para tramitar su repatriación.