Chavismo suspende de nuevo la audiencia de Antonio Ledezma

Tras casi un año bajo arresto, aún no le han notificado oficialmente cargos que le imputan. Asamblea aprueba acuerdo que exhorta cumplir decisiones de organismos de DD.HH.

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elsalvador.com

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2016-01-14 9:40:00

CARACAS. Tras 11 meses de arresto, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, aún no ha tenido la primera cita para conocer los cargos que se le imputan. Fue detenido el 19 de febrero del año pasado y ayer el chavismo suspendió por décima vez la audiencia judicial. La nueva fecha para celebrarla es el 15 de febrero.

“Un hombre inocente siempre será libre”, aseguró Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del preso político. Más temprano, la mujer del alcalde mayor pidió orar a la Divina Pastora por la liberación de los presos políticos.

Según difundió el diario venezolano El Nacional, Mitzy Ledezma aseguró que no hay pruebas contra su marido y que por eso difieren, para impedir que defienda su inocencia. “El mundo sabe que esto es un linchamiento. (…) En Venezuela barren el piso con los derechos humanos, no respetan la Constitución y los tribunales son manipulados para perseguir”, dijo.

El líder opositor fue detenido por presunta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro y estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde durante dos meses. Luego, pasó a arresto domiciliario el 30 de abril por encontrarse convaleciente de una intervención por una “hernia inguinal reproducida”.

La Fiscalía informó que la causa guarda relación con el caso de los venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por su presunta vinculación con “planes conspirativos” atribuidos por Caracas al ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

La Asociación de Alcaldes por Venezuela, que aglutina a las autoridades locales opositoras al régimen de Maduro, considera a Ledezma un preso político.

Ayer, en la sesión ordinaria de la Asamblea la diputada por la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, aseguró que es de extrema urgencia que Venezuela pueda acudir a las instancias internacionales “porque fueron hechas para proteger a un pueblo que hoy siente que no tiene a donde acudir por la falta de instituciones”.

“Desde el año 2002 no se permite el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pareciera que tienen muchas cosas que ocultar en materia de derechos humanos porque no quieren que nadie venga a ver lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa es que hay presos políticos, exiliados políticos y perseguidos políticos”, manifestó la parlamentaria.

Aseguró que en el país hay una persecución política que va más allá del rostro de Leopoldo López, Manuel Rosales y Antonio Ledezma. “Hay una persecución política que alcanza a nuestros empleados públicos amenazados con perder sus empleos por pensar diferente. Eso está evidentemente condenado por nuestra Constitución. Están jugando con el hambre de la gente”, afirmó.

Mientras, el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos  (OEA), Bernardo Álvarez, acusó al secretario general del ente, Luis Almagro, de “alimentar a los sectores extremistas interesados en desestabilizar” al Gobierno de su país con mensajes como su reciente carta al presidente Nicolás Maduro. 

“En nuestro caso, usted actúa sin diplomacia y con imprudencia. Magnifica de manera tendenciosa y prejuzgada situaciones propias del devenir político y de esta forma alimenta sectores extremistas interesados en desestabilizar”, consideró el diplomático en una carta dirigida a Almagro y enviada a los medios de comunicación.

El miércoles, el diputado chavista Elías Jaua provocó una nueva polémica en Venezuela al llamar “lesbiana” a la opositora Adriana D’Elia durante una sesión en la Asamblea. Fue criticado por “homófobo” y una colega dijo que “cayó al nivel de un insecto”.