La mañana del 28 de agosto de 2015, fue encontrado sin vida Jozef Wesolowski, exarzobispo y exnuncio en República Dominicana. Había sido condenado, en junio de 2014, a dejar el sacerdocio.
El caso del exnuncio fue de gran relevancia. Era el primer embajador de un Romano Pontífice acusado de abusar sexualmente a menores. Y, sin embargo, el ser diplomático no condicionó a la justicia vaticana: no solo fue condenado a la mayor pena canónica prevista en estos delitos, sino que, además, estaba a la espera, bajo arresto domiciliar, de un juicio penal en el Vaticano por otros cinco ilícitos.
Por otra parte, a inicios de 2016, salieron a luz algunas acusaciones de supuestos abusos físicos y sexuales cometidos entre 1950 y 1990 en el coro de la Catedral de Ratisbona, que dirigía Georg Ratzinger, hermano del Papa Emérito Benedicto XVI.
Monseñor Ratzinger, de 91 años, aseguró que nunca tuvo conocimiento de estos casos, pero reiteró su apoyo y pidió perdón a las víctimas.
Los dos casos anteriores son algunos ejemplos del problema con el que la Iglesia se enfrenta hace décadas.
El Papa Francisco está decidido a enfrentarlo con una política de cero tolerancia y, al mismo tiempo, con un acercamiento misericordioso con quienes han sufrido abusos. En febrero de 2016, durante su visita a México, se reunirá con algunas víctimas, según confirmó el Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Cabrero.
El documental Manzanas Podridas, de Rome Reports, explica que cuando estalló la oleada de denuncias contra sacerdotes por abusos a menores en Estados Unidos, los obispos solicitaron un informe externo e independiente que les ayudó a conocer las verdaderas dimensiones del problema en el país. La institución encargada de llevarlo a cabo fue el John Jay College of Criminal Justice, con sede en Nueva York.
La investigación reveló que entre 1950 y 2002, un total de 10 mil 667 personas denunciaron a algún sacerdote por abusos sexuales a menores. El 47% aseguró haberlos sufrido varias veces.
Fueron 4 mil 392 clérigos acusados. Aunque los números son altos, esto representa únicamente el 4% del total de presbíteros activos en ese período, pues entre 1950 y 2002 había 109 mil 694 sacerdotes en las diócesis estadounidenses.
Hay menos denuncias hechas contra sacerdotes religiosos, probablemente porque éstos viven en comunidad, mientras que los diocesanos habitualmente viven solos. Los sacerdotes religiosos están vinculados a comunidades o institutos donde se hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, entre otros, y en los que se vive en conjunto. Los diocesanos, en cambio, no hacen votos y su superior es el obispo de la diócesis donde están inscritos.
La mayoría de los abusos se cometieron entre 1960 y 1980. Desde entonces, se ha reducido el número de denuncias.
El estudio añade que muchas veces las diócesis u órdenes religiosas abrían una investigación al conocer de un caso. Sin embargo, no era fácil llevar a cabo estas diligencias, pues las denuncias llegaban décadas después de haberse cometido el abuso, cuando el acusado se había retirado o incluso fallecido.
La Iglesia en El Salvador tampoco se ha salvado de estos problemas. En noviembre de 2015, dos sacerdotes fueron acusados de abusar a menores. Se trata de Monseñor Jesús Delgado y de Juan Gálvez, expárroco de Rosario de Mora. Ambos han sido suspendidos de sus funciones y tienen una investigación abierta.
No solo en la Iglesia Católica
Esta plaga ha alcanzado distintas esferas de la sociedad, entre las que figura la familia misma. Manzanas Podridas presenta un informe de la policía alemana, en el que se muestra que de 138 mil denuncias recibidas entre 1995 y 2009, únicamente 0.1% fueron cometidos por sacerdotes o religiosos.
Según el Sitio Web Público Nacional de Delincuentes Sexuales, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se estima que un 60% de los perpetradores de abuso sexual son personas conocidas de los niños, 30 % son miembros de la familia y solo aproximadamente el 10 % son personas extrañas para el menor.
Algunos estudios presentados por el centro de investigación Crimes Against Children, de Estados Unidos, difieren en los porcentajes de abusos cometidos por los familiares de la víctima. Los rangos oscilan entre el 14 % y el 47 %. Una aproximación prudencial permite decir que entre un cuarto y un tercio de los abusos son ocasionados por familiares del menor.
Muchos abusos “tienen lugar en las asociaciones deportivas, en los coros, en asociaciones juveniles, en lugares donde hay un contacto íntimo y cercano entre los adultos y los jóvenes”, explica Hans Zollner, del Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana en Roma y miembro de la Pontificia Comisión para la tutela de los menores.
En cuanto a las violaciones cometidas por ministros de otras religiones, los números son similares a las perpetradas por sacerdotes católicos. Según Manzanas Podridas, entre el 2 % y 5 % del total de ministros de otros credos aprovechan su posición de autoridad para abusar sexualmente a menores.
Papas contra la pedofilia
La política de “tolerancia cero” impulsada Francisco tiene sus orígenes sus dos predecesores. Con el tiempo, y conforme se han conocido más denuncias de este tipo, las medidas que ha tomado la Iglesia se han vuelto más tajantes y decididas.
Las normativas vigentes antes de 2001 no facilitaban el procedimiento en estos casos, pues no se sabía con claridad quién tenía la responsabilidad de procesar a los acusados.
En 2001 Juan Pablo II promulgó el motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, en el que el abuso sexual de un menor de 18 años cometido por un clérigo fue añadido al elenco de “delitos más graves”.
Un motu proprio es un documento de la Iglesia Católica emanado directamente del Papa, por su propia iniciativa y autoridad.
De este modo la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), con sede en el Vaticano, obtuvo toda la competencia en los casos de pedofilia, se le concedió la capacidad para levantar la prescripción del delito, podía decidir si el sacerdote era juzgado en Roma o en la diócesis y, si un caso era particularmente grave, se podrían aplicar inmediatamente las sanciones previstas por el Derecho Canónico (ley de la Iglesia) .
En el pasado, las primeras reacciones de algunos miembros de la Iglesia no siempre fueron las más adecuadas.
Un caso ilustre fue el del ministro católico John J. Geoghan (estadounidense), acusado de abusar 130 niños durante 30 años.
El entonces Cardenal de Boston, Berard Law, intentó solventar el problema cambiando de parroquia al sacerdote. Únicamente se agravó la situación.
Motivados por el Papa polaco, los obispos estadounidenses firmaron en junio de 2002 la Carta para la protección de niños y jóvenes, en la que proponían la obligación del obispo de denunciar a las autoridades y de expulsar al sacerdote tras el primer delito cometido contra un menor. Estas medidas debían ser aprobadas por algunos altos mandos en el Vaticano.
Tras distintos encuentros en Roma, los jerarcas norteamericanos consiguieron el reconocimiento a estas medidas, con el apoyo del entonces Prefecto de la CDF, el Cardenal Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI.
Fue durante su pontificado que arreció la lucha contra los pederastas. Desde entonces existen más filtros para ingresar al seminario y se evalúa psicológicamente a los candidatos para conocer si reúnen las condiciones para ser presbíteros y vivir el celibato.
En su primer mes, Benedicto XVI suspendió al sacerdote Gino Burresi, acusado de varios abusos. Otro de los casos, y quizá uno de los más sonados públicamente, fue la suspensión de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, señalado de haber abusado de sus seminaristas en el pasado. El Papa obligó a Maciel a retirarse a una vida de oración y penitencia.
Benedicto XVI fue el primer pontífice que se reunió con víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El primer encuentro se llevó a cabo en 2008 en Washington.
En 2010, Ratzinger amplió a 20 años la prescripción del delito de abuso sexual, que en caso sean menores, se calcula desde el momento en el que la víctima haya cumplido 18 años. La CDF puede derogar la prescripción para casos particulares.
Según Associated Press, un informe presentado por la Santa Sede a las Naciones Unidas en enero de 2014, revela que en los dos últimos años de Benedicto XVI fueron destituidos alrededor de 400 sacerdotes que fueron acusados de abusar sexualmente de niños.
Francisco ha continuado con todos estos esfuerzos. En julio de 2013, poco después de haber sido elegido obispo de Roma, hizo algunas reformas al sistema penal del Vaticano. Con esto se precisaron delitos contra menores de edad, entre los que destacan la trata de personas, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, la posesión de material de pornografía infantil y actos sexuales con menores. A estas nuevas normas están sometidos los dependientes y oficiales de la Curia Romana, los nuncios (como Wesolowski) y personal diplomático de la Sede Apostólica, los dependientes de organismos e instituciones de la Santa Sede, ya sea que se encuentren dentro o fuera del Estado Vaticano.
En marzo de 2014, instituyó la Pontificia Comisión para la tutela de los menores. Esta entidad de carácter consultivo propone iniciativas para la protección de todos los menores y adultos vulnerables.
Su presidente es el Cardenal Sean Patrick O’Malley, arzobispo de Boston. Entre sus miembros se encuentra Marie Collins, quien sufrió de niña abusos sexuales por parte de un sacerdote, al que llevó ante la justicia en 1997. Collins presta ayuda y asistencia legal a las víctimas de abusos y sus familiares.
En la homilía de una misa con algunas víctimas de abusos, Francisco expresó su dolor por estos “pecados y crímenes graves” y pidió perdón por “las omisiones por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias”.