GUATEMALA. Autoridades guatemaltecas detuvieron ayer al exalcalde y otras 10 personas, entre funcionarios y particulares, de la municipalidad de Antigua Guatemala señalados de actos de corrupción. La fiscalía confirmó que entre los detenidos está Edgar Francisco Ruiz Paredes, quien concluyó el pasado 14 de enero su gestión como alcalde de Antigua Guatemala, la ciudad de mayor atracción turística del país.
Fueron detenidos por “presuntos hechos de corrupción y por los delitos de asociación ilícita, concusión y peculado”, dijo el organismo. Todos ellos fueron llevados ante un juez para que y determine su situación jurídica tras escucharlos.
En la investigación de estos hechos participó también la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de las Naciones Unidas. Según las indagaciones, un grupo de trabajadores de la municipalidad, incluido Ruiz Paredes, se asoció para favorecer con la adjudicación de proyectos en forma anómala a familiares y amigos de Adolfo Vivar, un exalcalde que está preso desde hace más de un año.
Según la fiscalía, Ruiz Paredes además de consentir los contratos a familiares de Vivar, también permitió la sustracción de dinero municipal al modificar contratos para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras de seguridad en Antigua Guatemala y así favorecer a empresas que le habrían otorgado comisiones.
Amanda Santizo, abogada de Ruiz Paredes, dijo que la detención fue ilegal y fuera del debido proceso, por parte de las fuerzas de seguridad.
“Para eso existe el debido proceso… debe respetarse en cualquier caso si se es un ex funcionario o un ciudadano particular”, dijo la abogado y agregó que “la policía entró a la casa saltándose a la casa, rompiendo el techo, situaciones que son ilegales. No se puede actuar de esa forma”.
Entre los detenidos están Carlos Alejandro de León Morales, Orlando Cruz Merlos, Aurelio de Jesús Pineda González, Carlos Enrique Palacios Samayoa, empleados de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, quienes tenían a su cargo la verificación y control del gasto público en aquella municipalidad pero que se habrían coludido con las autoridades para realizar los actos de corrupción.
También se detuvo a otros cinco particulares que habrían sido beneficiados con contratos y habrían lavado el dinero de la municipalidad con el fin de volverlo lícito.
Según la fiscalía este caso es parte del proceso contra Vivar, iniciado en 2011, en el que además se desviaron fondos para pagos de planillas de trabajadores de la comuna que no prestaban servicios. Según la fiscalía el desvió de fondos alcanzaría los 20 millones de quetzales, unos 2,6 millones de dólares.
Envían a Baldetti de nuevo a prisión
La exvicepresidenta de Guatemala (2012-2015), Roxana Baldetti, acusada de liderar una supuesta trama de corrupción en las aduanas del país, deberá abandonar hoy el centro médico donde está recluida y retornar a prisión, informó una fuente judicial.
Baldetti se encuentra hospitalizada desde noviembre pasado en el sanatorio privado Valle del Sol, en el oeste de la capital, por una infección causada por la bacteria Klebsiella oxytoca.
Sin embargo, debido a su satisfactoria evolución por el tratamiento recibido, el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, ordenó el pasado lunes que sea devuelta a la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la periferia norte de la capital.
La decisión la anunció luego de conocer un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre el estado de salud de Baldetti.
El Juzgado confirmó ayer a periodistas que ya envió la orden al Sistema Penitenciario (SP) para el traslado de la exvicepresidenta.
El ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, comentó a periodistas que harán las coordinaciones con la Policía Nacional Civil (PNC) y el SP para la movilización a la prisión.
El exjefe de Estado y su vicepresidenta son acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Los dos están a la espera de que el juez Gálvez fije una fecha para realizar la audiencia en la que debe decidir ambos van o no a un juicio oral y público.