La Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, rechazó el viernes el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro, decisión que amenaza con recrudecer las tensiones políticas en Venezuela ante un inevitable un nuevo choque entre el gobierno y el Congreso.
El presidente del Congreso, Henry Ramos Allup, anunció que tras un intenso debate de cuatro horas la mayoría opositora desaprobó el decreto que fue propuesto la semana pasada por Maduro para hacer frente a la crisis económica.
Más temprano, Ramos Allup dijo que el Legislativo no podía aprobar el decreto “porque no tenemos información”, y consideró la normativa como una “trampa” con la que se busca responsabilizar a la Asamblea Nacional de la crisis.
El mandatario, por su parte, acusó a la oposición de actuar de “espaldas al país” y de preferir el camino “del show, de la confrontación estéril”. “No debemos caer en ese camino”, agregó.
Maduro dijo, durante un acto con empresarios en la capital, que lamentaba el giro “muy negativo” de la oposición y sostuvo que “se corresponde más con otros planes que con el deseo real de que afrontemos y llevemos adelante iniciativas económicas que nos permitan cabalgar y transmontar esta situación compleja”.
A las críticas contra el Congreso se sumó el diputado reelecto Diosdado Cabello que señaló, al leer un comunicado de la bancada oficialista, que la oposición actúa movida por “hilos que desde el exterior juegan a la crisis del país, al enfrentamiento entre los venezolanos y a la ingobernabilidad buscando con ello la excusa para una intervención con supuestos fines humanitarios y la salida del presidente”. Cabello dijo que el oficialismo convocará concentraciones en todas las plazas Bolívar del país para explicar al pueblo los alcances de la regulación.
El diputado opositor José Guerra, presidente de la comisión especial que analizó el decreto, indicó a la prensa que recomendaron al Congreso la “no aprobación” de la regulación debido a que “todas las medidas que se solicitan de una manera u otra ya están contempladas en leyes vigentes y la exposición de motivos no es la explicación de la crisis económica social”.
Guerra precisó que en el informe se incluyeron 10 recomendaciones para el gobierno relacionadas con el financiamiento del déficit fiscal, el problema de la inversión productiva y la publicación de los indicadores económicos, entre otros temas.
Maduro pidió el martes pasado a la Asamblea Nacional que apruebe el decreto para superar la “tormenta” económica y advirtió a la oposición que de rechazarlo se entraría en una “confrontación”. La coalición opositora tiene actualmente 109 diputados mientras que el oficialismo posee 54.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró a mediados de semana que el decreto de emergencia se ajusta a la constitución, lo que podría abrirle el camino a Maduro para llevar adelante la nueva regulación que le da facultades por 60 días para disponer recursos especiales para atender los gastos fiscales, establecer límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana en efectivo y lograr el acceso a los medios de transporte y almacenes privados, entre otras medidas.
Los analistas estiman que será inevitable que el choque entre el gobierno y el Congreso agite nuevamente las tensiones políticas en Venezuela, lo que podría agravar aún más la crisis causada por una desbordada inflación que se ubicó en septiembre pasado en 141,5%, severos problemas de desabastecimiento, un fuerte déficit fiscal y una profunda recesión.
Maduro anunció el viernes que las exportaciones se regirán a partir de ahora por la tasa de cambio del mecanismo conocido como “sistema marginal de divisas” que establece regularmente el Banco Central y que está en 199,8 bolívares por dólar. Anteriormente para las exportaciones se utilizaba el tipo de cambio del “sistema cambiario alternativo de divisas” que es de 13,50 bolívares por dólar.
El oficialismo y la oposición se enfrentaron la semana pasada por tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia que los procesa por supuestas irregularidades en su elección.
Las tensiones lograron superarse luego que la mayoría opositora decidió acatar una sentencia del máximo tribunal que ordenó la desincorporación de los tres congresistas.