La defensa de Ricardo Martinelli dijo ayer que la “repentina” audiencia programada para este día por una de las 6 causas penales abiertas al expresidente de Panamá por supuesta corrupción, busca desviar la atención de la “grave crisis moral” que afecta al Supremo y que “inhabilita” a ese organismo para juzgarlo.
El equipo de defensores de Martinelli (2009-2014) informó ayer, en una rueda de prensa, de que la audiencia ha sido convocada de forma “inesperada” por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que corresponde al caso de la compra con supuesto sobrecostes de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Presumen que la diligencia es para “tratar el tema del levantamiento de la suspensión” de la investigación por el caso de la comida deshidrata, provocada porque el magistrado fiscal, Oydén Ortega, denunció en julio pasado la inconstitucionalidad de una ley que le impedía alargar las averiguaciones más allá de dos meses.
El Supremo resolvió en noviembre de 2015 a favor del recurso del fiscal Ortega, quien solicitó la reactivación del caso el pasado 21 de diciembre, el mismo día que el pleno de magistrado ordenó la detención de Martinelli por un caso de escuchas ilegales.
“La Oficina Judicial (del Supremo) no nos ha informado ni en el caso (de la audiencia) de mañana, por la comida deshidrata, ni en el conocido como pinchazos, qué existe o no existe dentro de la carpeta del juez de garantías”, denunció el abogado Sydney Sittón.
Añadió que la defensa esperará a la actuación mañana del fiscal para “explicar lo que se amerite según lo solicitado por el magistrado” Ortega.
Cristóbal Arboleda, otro de los abogados de Martinelli, aseveró que acudirán a la audiencia pese a lo “apresurado” de la misma y a que el Supremo la ha convocado para “desviar la atención pública de la grave crisis moral” que atraviesa el Órgano Judicial.
La máxima corte panameña cuenta con “jueces absolutamente desacreditados (…) que se acusan mutuamente de conductas contrarias a la ley”, lo que la “inhabilita para juzgar a Ricardo Martinelli o a cualquier otro ciudadano de este país”, afirmó Arboleda.
El Supremo está en el ojo del huracán tras las recientes revelaciones de uno de sus nueve magistrados, Harry Díaz, sobre la supuesta intromisión del Gobierno de Martinelli en la Corte, y su frustración por no haber sido elegido presidente de la misma en un proceso interno celebrado este enero.
Díaz es el fiscal que acusó a Martinelli por el caso de las escuchas ilegales y ha pedido hasta 21 años de prisión para el expresidente y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), condición esta por la cual solo puede ser investigado y procesado por el Supremo de Panamá.
El abogado Carlos Carrillo aseveró que la forma en que Díaz se expresó de Martinelli en sus revelaciones públicas deja “en evidencia su falta de imparcialidad”.
Además “tres jueces de garantías” en casos contra Martinelli son, al mismo tiempo “fiscales” acusadores en otras causas contra el exgobernante, argumentó Carrillo al sostener que el Supremo de Panamá carece de idoneidad para juzgar a su cliente.
Martinelli, de 63 años, salió de Panamá hace casi un año, está en Estados Unidos y denuncia a través de Twitter ser un “perseguido político” del actual gobernante panameño y quien fuera su vicepresidente, Juan Carlos Varela, quien lo niega.
Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá de 2009-2014, cumple casi un año de autoexilio, mientras le llueven denuncias de casos de supuesta corrupción que han arrastrado a todo su gabinete a las puertas de la prisión y se ha dictado una orden de busca y captura en su contra.
El expresidente se marchó de Panamá el 28 de enero de 2015 tras anunciar el inicio de una “gira internacional” para denunciar la “persecución política” que, dice hasta hoy, le ha montado su sucesor y ex vicepresidente Juan Carlos Varela, lo que no ha evitado que acumule doce denuncias ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De estas acusaciones, seis ya fueron admitidas por los magistrados, que son los únicos que pueden procesarlo porque Martinelli es diputado del Parlacen.
Martinelli, un magnate de los supermercados, tendrá que enfrentarse a acusaciones graves como la violación de la intimidad de al menos 150 correligionarios, opositores, periodistas y líderes sindicales mediante una red de escuchas electrónicas ilegales que mantiene en prisión preventiva a dos de sus exjefes de seguridad.