PANAMÁ. La Fiscalía Auxiliar de Panamá abrirá una “investigación de oficio sobre el caso” de corrupción en Brasil al que ha sido vinculada la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, informó una fuente judicial.
“De oficio se va a investigar el caso de Brasil, no a la firma aún”, precisó este viernes una fuente del Ministerio Público, ente que busca “aclarar el hecho” y determinar “si hay incidencia en Panamá”.
Las autoridades brasileñas vincularon esta semana a Mossack Fonseca con la trama de corrupción en la estatal Petrobras, porque sospechan que la firma facilitó a varios implicados en el escándalo la apertura de empresas “offshore” en Panamá que pudieron servir para blanquear dinero desviado de la petrolera brasileña mediante operaciones inmobiliarias.
Uno de los fiscales responsables del caso, Carlos Fernando Dos Santos Lima, tildó el miércoles pasado a la firma de abogados panameña como “una gran lavadora de dinero”, por lo que el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación de autoridades policiales de otros países, sin que precisara cuáles.
Mossack Fonseca, que opera en 40 países, negó alguna relación con los casos de corrupción en Brasil y dijo estar dispuesta “a cooperar con las autoridades que soliciten información por los canales legalmente establecidos”.
“Nuestra firma está siendo erróneamente involucrada con temas en los que no tenemos injerencia alguna”, aseveró Mossack Fonseca en una “aclaración” difundida este viernes. Expresó además su disposición “a cooperar con las autoridades que soliciten información por los canales legalmente establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la legislación respectiva”.
Fiscalía solicita información
Añadió que su “representante de Brasil ha sido requerido para suministrar información como parte de las investigaciones de la Fiscalía en algunos casos que actualmente se ventilan en Brasil”.
El diario La Estrella de Panamá publicó ayer que “la Procuraduría Federal de Brasil emitió una orden de arresto contra los abogados panameños Edison Teano Rivera y María Mercedes Riaño Quijano, acusados en una trama de lavado de dinero, a través de sociedades offshore creadas por la firma Mossack Fonseca, de la que es socio fundador el presidente del gobernante Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora”.
En su nota de “aclaración” Mossack Fonseca señala que “presta el servicio de Agente Registrado en las diversas jurisdicciones donde constituye sociedades a solicitud de sus clientes”, y argumenta que un “servicio no representa ninguna vinculación comercial con las sociedades así constituidas, ni implica una facultad de administración o de captación de fondos de los clientes”.
“No hemos prestado en el pasado ni prestamos en el presente servicios de asesoría o intermediación de ningún tipo para la compra, préstamo o financiación de ningún inmueble, así como tampoco ofrecemos asesoría inmobiliaria en ninguna parte del mundo, excepto respecto de inmuebles ubicados dentro de la República de Panamá”, aseveró.
Según la información judicial brasileña, uno de los ejes de la investigación es un edificio construido en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, por una cooperativa sindical vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y en el cual la propia Mossack Fonseca posee un apartamento de tres pisos.
En 2009, en medio de una severa crisis financiera, la cooperativa vendió esa propiedad a la constructora OAS, que está salpicada por el escándalo en Petrobras, y varios dirigentes del PT adquirieron apartamentos en ese edificio.
Uno de ellos fue el extesorero del partido Joao Vaccari Neto, condenado a 15 años de prisión por participar en las corruptelas en Petrobras, que incluyeron negocios ilícitos con la constructora OAS.
Otro de los apartamentos en el llamado Condominio Solaris estaba reservado por la familia del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT y padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff.
La Fiscalía de Sao Paulo confirmó ayer que inició una investigación contra el expresidente brasileño Lula da Silva por un supuesto blanqueo de dinero que estaría asociado a la corrupción en Petrobras.
La Fiscalía de Sao Paulo citó a declarar en calidad de investigado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto lavado de dinero a raíz de la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá, informaron fuentes oficiales.
El fiscal Cássio Conserino citó a declarar a Lula y a su mujer Marisa Letizia Lula da Silva el próximo 17 de febrero en Sao Paulo para investigar si el expresidente es propietario de un apartamento que no fue declarado, lo que constituye un delito de blanqueo de dinero, confirmó a Efe el Ministerio Público.
Es la primera vez que el exmandatario brasileño es llamado a declarar como investigado, pues hasta ahora sólo había sido intimado en calidad de testigo.