MANAGUA. La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Seguridad Soberana presentada por el gobierno del sandinista Daniel Ortega, criticada por la oposición que asegura pone en peligro las garantías individuales en el país.
Los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) avalaron con 65 votos a favor la ley, que establece como “amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”.
La ley recibió la luz verde pese a que ayer el miembro de la Junta Directiva de la Asamblea, Wilfredo Navarro, había anunciado que el debate de la norma había sido pospuesto para hoy.
El instrumento se aprobó después de que la Asamblea levantara el fuero a dos diputados de la Bancada Partido Liberal Independiente (BAPLI), Raúl Herrera y Eddy Gómez, quienes enfrentan cargos judiciales por su supuesta vinculación con actos violentos ocurridos en protestas opositoras en Managua.
La nueva ley, aprobada por petición del Ejecutivo, define como seguridad soberana “todos los ámbitos de seguridad de las personas, la familia, la nación; seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad agropecuaria, seguridad ambiental, seguridad interna y externa de la nación”.
La legislación define como amenazas, la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense, la delincuencia organizada transnacional e ilícitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional y todo acto de financiamiento de organizaciones terroristas.
También incluye como amenazas el genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, injerencia extranjera, actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima y ataques a la seguridad cibernética y a la infraestructura.
El experto en temas de leyes y seguridad, Roberto Cajina, consideró en una consulta extragubernamental que la propuesta hace de Nicaragua “un Estado policíaco”, ya que “hasta un estornudo puede ser considerado una amenaza”, y no da opciones para recurrir ante los abusos de las autoridades. “El proyecto de ley deja un vacío en cómo actuar frente a las amenazas, está ausente la parte operativa, la sociedad nicaragüense queda en un estado de indefensión social”, dijo.
El asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, dijo que “la verdadera amenaza que hay a la seguridad es la ley misma, porque pone como amenaza cualquier cosa contra el Gobierno, y eso lo decidirán el Ejército y el presidente”.