BRASILIA. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó ayer la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Cunha aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la Cámara de Diputados y que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar en algún momento. “No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre se declaró “independiente” y que desde entonces viene apoyando causas defendidas por la oposición.
Cunha dijo que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.
“Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año”, aseguró.
La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado si se comprueban los denominados “delitos de responsabilidad”, lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.
En la petición aceptada por Cunha se argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.
Rousseff se declaró “indignada” frente a la decisión de promover un juicio político en su contra y aseguró que no existe ninguna base jurídica para ello. “Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, declaró.
La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores “son inconsistentes” y no se fundamentan en “ningún acto ilícito”.
Cunha tomó la decisión el mismo día en que el grupo del PT en la Cámara anunció que va a votar a favor de proseguir con el proceso de cese de él en el Consejo de Ética, que se encuentra en marcha debido a las sospechas de que habría mentido sobre las cuentas que tendría en Suiza y donde cobraría pagos ilegales de la trama corrupta en torno a Petrobras. No obstante, Cunha aseguró que no tomó la decisión movido por la venganza.
El inicio del juicio depende de que una comisión que la Cámara de Diputados creará esta semana se pronuncie sobre el mérito de la acusación. Según el reglamento del Congreso, una vez acogida la acusación, la Cámara tiene diez sesiones para notificar al jefe de Estado de la acusación y para crear una Comisión especial de diputados que decidirá si acepta o rechaza el inicio del proceso. AGENCIA