BRASILIA. El Tribunal de Cuentas rechazó ayer los alegatos que el gobierno de Dilma Rousseff presentó con la intención de modificar una decisión de ese organismo de contraloría que consideró irregulares los balances oficiales correspondientes a 2014.
El propio Tribunal de Cuentas informó de que la defensa que le presentó el gobierno fue rechazada por unanimidad por sus 9 miembros, con lo que se mantiene la recomendación de que el Congreso no avale esos resultados en una votación prevista para realizarse antes de fin de año.
Esas irregularidades fiscales han dado pie a la oposición para pedir un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, ya que considera que suponen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario.
Según el dictamen del Tribunal, ratificado ayer, el gobierno cometió “graves ofensas” contra la Ley de Responsabilidad Fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma “sistemática” las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
La investigación realizada por el tribunal constató que en 2014 el gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos $10,600 millones y fue omitida de los resultados presentados por el gobierno.
El gobierno alegó que los atrasos en el envío de recursos a la banca pública son un “procedimiento común” en la administración brasileña y que ya habían ocurrido con los entonces presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (2003-2010).
El Tribunal de Cuentas aún debe examinar los balances oficiales de este año, pues calcula que hasta el pasado octubre esas deudas no habían sido totalmente saldadas y se habían contraído otras, también omitidas de los resultados, con lo que el monto debido por el Estado se mantendría en las mismas cifras.
El proceso con miras a la destitución de Rousseff fue suspendido hasta la semana próxima por la Corte Suprema, que deberá esclarecer algunos de los procedimientos para el trámite.