BRASIL. Por cuarta ocasión desde enero, miles de brasileños se manifestaron en al menos 100 ciudades del país para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, quien podría enfrentar juicio político.
Al grito de “fuera Dilma”, numerosos ciudadanos vestidos de verde o amarillo en su mayoría recorrieron ayer los puntos más emblemáticos del país, portando pancartas que pedían la destitución de la jefe de Estado brasileña.
En la capital del gigante suramericano, Brasilia, unas cinco mil personas, según estimaciones de la Policía, recorrieron la Explanada de los Ministerios hasta llegar frente al Congreso, donde se concentraron para hacer oír sus demandas.
Al final del acto, un grupo de manifestantes prendió fuego a un ataúd de madera que contenía una bandera del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
En la Avenida Atlántica, que recorre la mítica playa de Copacabana de Río de Janeiro, los manifestantes portaban una inmensa bandera “verde-amarelha” con el lema “impeachment” bordada en ella.
Pese a que los actos de protesta habían sido convocados por grupos sociales ajenos a partidos políticos, como “Vem pra Rua” o “Movimento Brasil Livre”, figuras de este ámbito, como el diputado derechista Jair Bolsonaro, también se acercaron para exigir el final del mandato de Rousseff.
En la capital fluminense llegó a darse un conato de violencia cuando diversos seguidores del PT, que habían acudido a apoyar al gobierno, confrontaron a los manifestantes; sin embargo, la Policía evitó que se produjera un altercado.
En Sao Paulo dos grandes muñecos hinchables, que parodiaban a una Dilma Rousseff enmascarada cual bandida y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiario, hicieron las delicias de los manifestantes, que en este caso, según datos de los grupos convocantes, se contaban por decenas de miles.
Las protestas que se produjeron ayer por todo el país no contaron con el masivo apoyo de las que se produjeron en abril y agosto pasados, cuando millones de personas salieron a las calles para protestar por la corrupción y la crisis económica del país.
Los grupos organizadores, algunos de los cuales llegaron a manifestar haber sido víctimas de maniobras de censura en la red durante estos últimos días, achacaron esta escasa asistencia a la falta de tiempo a la hora de convocar a los ciudadanos, pero consideraron que los actos de ayer servirán para calentar motores de cara a las protestas que prevén organizar el próximo mes de enero.
Las protestas de ayer fueron también el reflejo de una parte de la sociedad brasileña que anhela un cambio político en el país, como mostró una encuesta de la empresa demoscópica Datafolha publicada ayer por el diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con esta encuesta, sólo un 32 % de los brasileños cree que el país mejoró en los últimos trece años, es decir, durante los sucesivos Gobierno del PT; primero con Lula da Silva (2003-2010) y ahora con Rousseff.
En cuanto a la actuación del gobierno, apenas el 24 % de la población valora la presidencia del actual partido gobernante como buena, frente al 40% que la califica de regular y al 35% que la considera mala o muy mala.
De acuerdo con el estudio, esta percepción se debe a factores como la crisis económica, los casos de corrupción, que han llevado a diversos miembros del PT a prisión, y la actual fragilidad política en el gigante suramericano.
Rousseff afronta en estos momentos un juicio político con miras a su destitución que comenzó el pasado martes en la Cámara baja, pero que actualmente se encuentra suspendido a la espera de que el próximo miércoles, día 16, la Corte Suprema se pronuncie sobre los procedimientos necesarios para llevarlo a cabo.
Los cargos a los que hace frente Rousseff se fundamentan en una serie de maniobras fiscales que el Gobierno llevó a cabo en 2014 y continúo en 2015 con el fin de maquillar sus cuentas.
Estas maniobras podrían llegar a ser consideradas “delitos de responsabilidad”, una de las causas que la Constitución brasileña contempla como motivo para la destitución de un mandatario.