CARACAS. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional nombró el jueves como Defensora Pública General a la jueza Susana Barreiros, que emitió la condena contra el dirigente opositor Leopoldo López, en un abierto reto a la oposición que rechazó el nombramiento con el argumento que se está actuando de espaldas al pueblo.
En un intento por demostrar que no quedó tan debilitado después del revés de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, la mayoría oficialista aprobó el nombramiento de Barreiros como Defensora Pública General sin el respaldo la bancada opositora.
“No vamos a caer en ningún chantaje”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, poco antes de someter a votación la designación de Barreiros, quien condenó a López a casi 14 años de prisión en septiembre.
El dirigente opositor, detenido desde hace 22 meses en una cárcel militar, fue acusado de promover unas violentas protestas en la capital el 12 de febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos. López y sus abogados rechazaron la condena y alegaron que no se le siguió el debido proceso y no se presentaron pruebas en su contra.El analista político Luis Salamanca consideró las últimas acciones del oficialismo como medidas “desesperadas”, y dijo a The Associated Press que están tratando de “contener un rio que se les viene que es incontenible”.
Salamanca afirmó que ante la “demoledora” derrota de los comicios legislativos del pasado domingo el oficialismo aún no ha logrado asimilar los resultados. “El golpe fue tan duro que están negando lo que pasó”, agregó.
La coalición opositora ha señalado que al asumir el control del congreso el 5 de enero promoverá una ley de amnistía para lograr la liberación de López y otros de los llamados “presos políticos”. El presidente Nicolás Maduro ha declarado que no aprobará esa ley.
El diputado opositor Hermes García rechazó el nombramiento de Barreiros por ser una jueza “profundamente cuestionada”, y dijo en un discurso que el oficialismo con esa acción estaba actuando de “espaldas a la voluntad popular”.
La mayoría oficialista también aprobó este jueves el traspaso de la administración del canal del congreso a sus trabajadores.
Cabello dijo en un discurso que antes de que el actual congreso finalice sus funciones el 4 de enero, la bancada oficialista espera aprobar el nombramiento de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y otras leyes.
La decisión del oficialismo de acelerar el nombramiento de los magistrados del máximo tribunal fue desestimada por el dirigente y diputado electo, Henry Ramos Allup, que afirmó el miércoles que esa acción tiene “vuelo corto”. “Hagan lo que hagan todo eso es anulable y hay muchas vías para hacerlo”.
La oposición ha denunciado que el oficialismo presionó la jubilación adelantada de 12 de 32 magistrados del Tribunal Supremo para asegurar el control de esa instancia.
En relación al traspaso que hará Cabello del canal del congreso a sus trabajadores, Ramos Allup indicó en una entrevista en el canal local Globovisión que esa medida “no tiene validez” debido a que no se siguieron los procedimientos. “Cualquier maniobra en ese sentido es un acto írrito, nulo y carente de validez”, agregó.
La coalición opositora logró en las elecciones parlamentarias 112 de los 167 escaños lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.
El oficialismo, que por tres lustros había dominado el congreso con amplia mayoría, deberá manejarse a partir de enero con 55 diputados.