BRASILIA. La Procuraduría General de la República (Fiscalía) de Brasil pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que despoje de su mandato al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para impedir que siga utilizando el cargo para dificultar las investigaciones en su contra por corrupción.
La petición para que el parlamentario pierda el mandato, y consecuentemente el cargo como jefe de la Cámara baja, fue hecha ayer por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, en una denuncia ante el Tribunal Supremo, informó la Fiscalía.
Cunha, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) pero que este año se declaró opositor del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, es investigado tanto por la Justicia como por el Congreso por supuestos vínculos con la red de corrupción que operó en la petrolera Petrobras.
El procurador alega que el legislador utiliza su cargo para intimidar a otros parlamentarios y dificultar las investigaciones.
Según Janot, Cunha también se vale del cargo para “intereses propios y fines ilícitos”.
El fiscal asegura que su mandato tiene que ser suspendido para “garantizar el orden público, la regularidad de los procesos penales en curso en la Corte Suprema y la normalidad de las investigaciones a las que es sometido en el Consejo de Ética (de la Cámara baja)”. En su petición, hizo una lista de 11 actos que demostrarían que Cunha utiliza el mandato de diputado y el cargo de presidente de la Cámara para “intimidar parlamentarios, reos que colaboran con la justicia, abogados y agentes públicos, con el objetivo de dificultar y atrasar las investigaciones en su contra”.
Agregó que los documentos incautados en un allanamiento que la Policía hizo ayer en la residencia oficial del presidente de la Cámara baja “refuerzan las pruebas ya reunidas por la Procuraduría en su contra”.
Según el fiscal, tanto las acusaciones de corrupción y de lavado de dinero como la investigación sobre las cuentas bancarias no declaradas que el parlamentario tiene en el exterior pueden justificar la pérdida del mandato de Cunha por vía judicial o por un juicio político.
La petición del procurador se conoce un día después de que la Comisión de Ética de la Cámara de los Diputados aprobara la apertura de un juicio político contra Cunha que puede conducir a la pérdida de su escaño.
La votación en el Consejo de Ética había sido postergada con diversas maniobras por diputados aliados a Cunha, que obstruyeron durante seis sesiones una votación que finalmente concluyó el martes con once votos a favor del proceso y nueve en contra.
La petición de la Procuraduría igualmente ocurre un día después de la operación en que la Policía Federal allanó las residencias oficial y particular del parlamentario, así como su gabinete en el Congreso, en el marco de las investigaciones por su participación en la red que, según Petrobras, desvió cerca de $2,000 millones de la petrolera estatal.
Según la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos $5 millones y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la propia Justicia helvética.
Además de la casa de Cunha, la Policía registró las residencias de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao, el diputado Aníbal Gomes y otros políticos, todos del PMDB.
Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el gobierno para maquillar sus resultados.
El diputado, por lo mismo, atribuye las investigaciones en su contra y los allanamientos a una “persecución” del gobierno por haber aceptado dar inicio al proceso contra la mandataria.