BUENOS AIRES. Un juez de Argentina ordenó el allanamiento del principal regulador de medios del país y el desalojo de los funcionarios que se resistan a acatar una intervención ordenada por el nuevo gobierno de Mauricio Macri.
La medida se produjo en respuesta a una denuncia por abuso de autoridad contra el jefe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, quien se negó a acatar la intervención anunciada el miércoles bajo el argumento de que su período en el cargo finaliza en 2017.
Macri, que siempre fue un crítico de la ley de medios, decretó el primer día de su gobierno -el pasado 10 de diciembre- que el órgano regulador de esa norma pasara a depender del nuevo Ministerio de Comunicaciones, en manos de Oscar Aguad.
“Resuelvo: disponer el allanamiento del organismo de mención, a los efectos de proceder a constatar en forma inmediata si se encuentran dentro del mismo, personas ajenas o no a él, e intimarlas a retirarse por sus propios medios inmediatamente del edificio”, dictaminó el juez Julián Ercolini en su fallo.
El gobierno de Macri decretó la intervención por seis meses de dos reguladores de las comunicaciones, entre los cuales está Afsca, y el reemplazo de sus responsables.
A su vez Sabbatella, afín al gobierno de centroizquierda anterior, presentó en otro juzgado un recurso de amparo para permanecer en el cargo, alegando que la intervención es ilegal. Por el momento, la Justicia no se ha pronunciado sobre esta otra cuestión.
“Voy a abandonar el cargo si la Justicia así lo resuelve. No hay facultades constitucionales del presidente para avanzar en este decreto, es inconstitucional”, dijo Sabbatella.
El magistrado ordenó el desalojo de la oficina de Afsca mientras la Justicia se pronuncia sobre el amparo que presentó Sabbatella, quien alegó que la decisión de Macri viola la ley de medios que el Gobierno de Cristina Fernández aprobó en 2009.
Esa norma, que apuntaba a llevar más pluralidad al concentrado sistema de medios de Argentina, generó fuertes controversias y largas batallas judiciales porque fue utilizada mayormente para perjudicar al Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático del país y un ferviente opositor al gobierno de Cristina Fernández Fernández.
El conflicto comenzó en 2008, cuando en la pelea de Kirchner con las patronales agrarias por un aumento tributario, la entonces presidenta argentina quebró su buena relación con el principal grupo de medios de Argentina, Clarín.
Al año siguiente, el kirchnerismo, con el apoyo de parte del progresismo, votó una ley contra la concentración de emisoras de radio, canales de televisión y operadoras de TV de pago. Esa norma, bandera política levantada una y otra vez por Kirchner, fue ratificada por la Corte Suprema y obliga a Clarín a vender parte de sus empresas, algo que ha postergado hasta 2016 gracias a la interposición de recursos de amparo judiciales.
Varios políticos progresistas que apoyaron la ley critican que el kirchnerismo la haya aplicado contra grupos económicos considerados enemigos y haya hecho la vista gorda contra sus amigos.