EE.UU. investiga sobornos por mil millones de dólares a PDVSA

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elsalvador.com

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2015-12-30 9:00:00

WASHINGTON. El Gobierno de EE.UU. ha seguido la pista a mil millones de dólares, vinculados a cinco altos mandos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que supuestamente recibieron sobornos de dos empresarios venezolanos, según documentos judiciales. 

Esta es la primera vez que EE.UU. formula en documentos públicos acusaciones de este calibre desde que medios locales desvelaran en mayo la investigación que supuestamente Estados Unidos ha emprendido contra altos mandos de Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Diosdado Cabello. 

En un escrito judicial de una Corte de Texas, el gobierno estadounidense sostiene que, entre 2009 y 2014, los venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera, detenidos este mes en EE.UU., pagaron mil millones de dólares a altos mandos de la empresa petrolera estatal del país suramericano a cambio de contratos. 

El escrito menciona a cinco altos mandos de PDVSA, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida). 

Tanto Rincón como Shiera llamaban “aliados” a estos funcionarios venezolanos que, a cambio de sobornos, otorgaban lucrativos contratos energéticos a sus compañías, muchas de ellas basadas en EE.UU., según el escrito de acusación. 

De los mil millones de dólares ligados a esta trama corrupta, 750 millones están vinculados solo a Rincón, que decidió desembolsar 2.5 millones de dólares en sobornos a un solo alto cargo, según figura en la orden que cursó la jueza tejana Nancy K.Johnson para mantener en prisión provisional a Rincón. 

La investigación de EE.UU. cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos. 

De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EE.UU. reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las FARC y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés. 

Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido gobernante Hugo Chávez y que pudo volver rápidamente a Venezuela, donde recibió el apoyo del régimen de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de “secuestro”. 

“Rincón tiene una estrecha relación con Hugo Carvajal, un general retirado al que busca la corte del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de drogas”, afirmó en su escrito la jueza Nancy K. Johnson. 

Las acusaciones desveladas ayer confirman que la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) es uno de los objetivos de los fiscales estadounidenses, que tratan de averiguar si el régimen de Venezuela ha usado la petrolera estatal para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó en octubre The Wall Street Journal. 

“Estados Unidos está persiguiendo varias pistas a la vez”, dijo el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter, que cree que las supuestas investigaciones por narcotráfico “tensarán aún más las relaciones entre los dos países”, sin embajadores desde 2010. 

Los dos venezolanos, arrestados el 16 de diciembre, afrontan a más de una decena de cargos criminales cada uno, entre los que destacan varias acusaciones de violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

Investigaciones en curso

Las pesquisas parecen centrarse también en las fuerzas de seguridad del país caribeño, entre los que destacan los expolicías Jesús Alfredo Itriago y Pedro Luis Martín Olivares, este último también amigo de Carvajal y contra los que EE.UU. presentó en septiembre cargos por narcotráfico. 

En los despachos de Florida y Nueva York, también parece estar preparándose una causa contra el comandante de la Guardia Nacional venezolana, Néstor Reverol, y el exoficial de la unidad antidrogas Edilberto Molina, según desveló este mes The New York Times. 

Mientras los fiscales guardan silencio sobre la supuesta investigación, en la arena diplomática las tensiones entre los dos países se complican a medida que los medios desvelan nuevas piezas del rompecabezas judicial, al que Caracas ha reaccionado con dureza, acusando a EE.UU. de “terrorismo judicial”. 

Cauteloso pero constante, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sigue manteniendo desde 2008 en su “lista negra” de personas vinculas al tráfico de drogas a importantes figuras venezolanas, como Carvajal y Henry de Jesús Rangel Silva, actualmente gobernador del estado de Trujillo y exministro de Defensa. 

El siguiente punto al que los analistas miran para explicar el futuro de los dos países es la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, cuando está previsto que la oposición asuma la mayoría de dos tercios que ganó en las elecciones legislativas de este mes. 

“El trabajo de los fiscales de EE.UU. podría endurecer la resistencia del Gobierno para cooperar con la oposición”, apuntó Shifter, reconocido analista para América Latina. 

Para el experto, la mayor preocupación de la Casa Blanca ahora es la constitución del parlamento de Venezuela y, por ello, podría esperar hasta que las aguas se calmen para presentar oficialmente los cargos de una investigación, que por sus dimensiones e implicaciones, amenaza con remecer a toda América Latina.