Un 95 por ciento de la población apoya el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que se instaló en el país en 2007, según una encuesta divulgada este lunes.
La muestra, publicada por el diario local Prensa Libre, fue realizada por la empresa privada Pro Datos a 1.201 guatemaltecos entre el 9 y 14 de octubre pasado y tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 2,8 %.
El 95 % de los encuestados asegura que la Cicig está haciendo un buen trabajo en Guatemala porque ha capturado corruptos, ayudado a combatir ese flagelo e investigado a funcionarios.
El 97 % considera que la Comisión debería seguir en el país y el 96 % le recomendó al presidente electo, Jimmy Morales, que prorrogue su mandato, el cual vence en septiembre de 2017.
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Según el sondeo, un 95 % consideró que el jurista colombiano Iván Velásquez está haciendo un buen trabajo al frente de la Cicig y un 89 % dijo que él debería seguir como comisionado en Guatemala.
Morales, vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre, ya manifestó su deseo de que la Cicig continúe apoyando al país centroamericano en el combate a la corrupción y la impunidad.
En el mismo sondeo, el 88 % de los guatemaltecos calificó de buena la labor del Ministerio Público (MP), el 75 % cree que no está listo para trabajar sin la Cicig, y el 92 % considera que ambas instituciones pueden disminuir la corrupción.
Un 79 % se manifestó por la continuidad de la fiscal general, Thelma Aldana en el cargo. En la muestra un 84 % se mostró a favor de la depuración en el Organismo Judicial.
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— CICIG Guatemala (@CICIGgt) octubre 28, 2015
Desde abril pasado el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Cicig, ha desmantelado varios casos de corrupción en Guatemala, entre ellos “La Línea”, que le costó el gobierno al presidente Otto Pérez Molina.
El mandatario renunció a principios de septiembre pasado tras perder la inmunidad, y en la actualidad se encuentra en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
La vicepresidenta Roxana Baldetti también renunció el 8 de mayo último y está en la misma situación jurídica que Pérez Molina.
Ambos espera que el MP y la Cicig concluyan las investigaciones en diciembre próximo para conocer si van o no a un debate oral y público.