BRASILIA. Un diputado oficialista dirigirá el juicio político que la Cámara baja de Brasil inició contra su propio presidente, Eduardo Cunha, por su presunta participación en las corruptelas registradas en Petrobras, informaron el martes fuentes legislativas.
El Consejo de Ética de la Cámara celebró su primera sesión después de que la semana pasada aceptó procesar a Cunha, quien está acusado de haber recibido al menos cinco millones de dólares de la corrupción petrolera y ocultarlos en unas cuentas secretas en bancos suizos.
En esta primera sesión se eligió a una terna de diputados de la que saldrá el instructor del caso contra Cunha.
Esa terna quedó integrada por José Geraldo, del Partido de los Trabajadores (PT); Vinicius Gurgel, del Partido de la República (PR), y Fausto Pinato, del Partido Republicano Brasileño (PRB), todos de la base oficialista.
El diputado José Carlos Araújo, presidente del Consejo de Ética, dijo que decidirá cuál de esos parlamentarios dirigirá el proceso esta misma semana, tras lo cual se abrirá un plazo de diez días para que Cunha presente su defensa contra los señalamientos en su contra.
“Conversaré con los tres para que me presenten un plan de trabajo y luego decidiré (quién dirigirá)”, dijo Araújo a periodistas.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, pero anunció hace unos meses su decisión personal de pasar a la oposición, a la que intenta arrastrar a esa influyente formación.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha tiene la atribución constitucional de decidir sobre el inicio de un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, que ya ha sido solicitado por cuatro partidos de oposición.
Esa petición se fundamenta en unas maniobras fiscales que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que, según organismos de contraloría del Estado, han continuado este año.
Según la oposición, esas maniobras constituyen un “delito de responsabilidad”, que la Constitución brasileña contempla entre las posibles causas para la destitución de un mandatario.
El Gobierno, sin embargo, niega esa tesis y sostiene que Rousseff no tuvo responsabilidad directa en esas maniobras, por lo que no podría ser procesada sobre esas bases.
Proceso duraría tres meses
El instructor del juicio político contra Cunha, que podría ser destituido de la presidencia de la Cámara de Diputados o incluso perder su escaño, deberá elaborar un informe sobre el caso que luego será votado por el Consejo de Ética. En caso de que el Consejo recomiende su destitución, el asunto deberá ser debatido por el pleno de la Cámara de Diputados, al que le corresponderá la palabra final.
Según fuentes parlamentarias, ese proceso pudiera durar entre dos y tres meses, con lo que puede quedar pendiente para febrero o marzo de 2016, pues el Congreso estará en receso durante el mes de enero.
Cunha integra la lista de medio centenar de políticos sospechosos de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras, que salpican además a una veintena de empresas privadas. En esa lista de sospechosos está también el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, que, igual que Cunha, pertenece al oficialista PMDB.