ESPA??A. Entre 2006 y 2012, através de la Banca Privada de Andorra (BPA) se habría lavado más de 1,400 millones de euros ($1,523 millones) y altos responsables de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), estarían involucrados. Esto según una investigación de autoridades judiciales del Principado, y publicado en el diario ABC de España.
BPA fue intervenida en marzo después de que el gobierno andorrano recibiera los datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
De acuerdo con ABC, el epicentro de la red se sitúan altos responsables de la petrolera Pdvsa y de sus empresas filiales, así como importantes responsables políticos.
Un total de 24 personas y 42 sociedades están en medio de este escándalo.
Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, no está en esa lista, pero algunas fuentes consultadas por ABC consideran imposible que las operaciones se hicieran sin su conocimiento.
Una comisión de Estados Unidos señala que por medio de una tramitación de un expediente disciplinario a la entidad bancaria se constató que desde allí se crearon sociedades instrumentales, y que desde las personas investigadas se efectuaron ingresos a cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos, con cargos dependientes de Pdvsa o sus filiales.
ABC destacó que solo por este procedimiento hay ingresos en cuentas de BPA de más de 79.7 millones de euros (unos $87 millones).
Se hace énfasis en el acuerdo de 2007 entre Venezuela y China para un Fondo de Cooperación Binacional por el que el país asiático concedía un crédito para inversiones. En 2010 se creó otro convenio, conocido como El Gran Volumen. Cinco empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros ($167.5 millones) a una sociedad creada por BPA y controlada por Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramírez.
A pesar de que la razón formal de esos ingresos era el pago de los servicios de Salazar, no hay facturas que detallen el trabajo realizado.
El dinero abonado por cada empresa corresponde a un porcentaje de entre 10 % y 15% del contrato en el plan Gran Volumen, siempre relacionada con extracción de petróleo, sector que maneja solo Pdvsa.
Según documentos, “desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las investigaciones. Como denominador común –añade el documento–, las personas físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas”. Para ello se usaron numerosas cuentas con el objetivo de que hacer opaco el origen del dinero, que se calcula en 1,350 millones de euros.
“El dinero que circula internacionalmente –precisa los documentos– tendría presuntamente un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del Estado venezolano”, y añade que “buena parte de los fondos procederían también de contratos sobrevalorados en materia de seguros cuyos tenedores serían empresas públicas venezolanas”.
Entre los titulares de cuentas investigadas hay personas tan relevantes en Venezuela como Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente de PDVSA Gas-Colombia; Fidel Ramírez, hermano del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y médico de Hugo Chávez; Miguel Ángel Gómez Núñez, exembajador de Venezuela en Nicaragua; Luis Mariano Rodríguez Cabello; primo de Diego Salazar, que a su vez es primo hermano de Rafael Ramírez, o Javier Alvarado, exviceministro de Energía y presidente de una filial de PDVSA.