MANAGUA. La estatal Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua aprobó ayer los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto de esta vía acuática a la concesionaria china HKND Group, con lo que esta podrá avanzar en el inicio de los trabajos de construcción.
“Estamos autorizando a HKND para que inicie los procesos ya de diseño, estructurales, de construcción”, dijo el presidente de la Comisión, Manuel Coronel Kautz, durante el acto de entrega de la resolución estatal difundido por medios oficialistas.
La resolución a favor de la construcción del canal se extendió porque HKND se comprometió a cumplir con 48 requerimientos ambientales, sociales y económicos, incluyendo otros estudios “con alto rigor científico”, dijo el portavoz de la Comisión, Telémaco Talavera.
El proyecto busca construir un canal que consiste en unir el océano Pacífico con el mar Caribe a través de una vía húmeda de 276 km de largo, por 230 a 520 metros de ancho y 30 metros de profundidad.
También incluye subproyectos, entre ellos carreteras, un aeropuerto, dos puertos, área de libre comercio y un complejo turístico.
Una de las preocupaciones principales en Nicaragua es el impacto al medio ambiente.
El ecólogo de la Comisión, Kamilo Lara, dijo al respecto que “no cabe la menor duda de que este proyecto viene a restaurar el daño ambiental que hemos venido haciendo los nicaragüenses”.
Aunque la construcción del canal fue inaugurada oficialmente en diciembre de 2014, Talavera dijo en días recientes que esta iniciará en 2016, y confirmó que una vez iniciada, tardará 5 años en estar concluida.
El gobierno espera que dicho proyecto, valorado en $50,000 millones, duplique el PIB nacional durante su construcción, y ofrezca 50,000 empleos directos.
Rechazo
El renombrado ecologista Jaime Incer Barquero afirmó que resta credibilidad al estudio la falta de transparencia en los procesos para que expertos independientes obtuvieran acceso al informe.
“Mientras no esté claro todo, mientras no se someta ese estudio al examen de especialistas extranjeros independientes que no estén ligados a la firma que lo dio a hacer, quedará siempre la duda de su validez”, dijo Incer.
Mónica López Baltodano, asesora legal movimiento campesino contra el canal, descalificó la disposición de la Comisión e indicó que no hay transparencia.
“Esto confirma que estamos ante una rapiña de impacto ambiental y social de enormes dimensiones, vemos procesos expresos y sin consultas, en abierta violación a la constitución”, dijo.
Millares de campesinos, organizaciones civiles y partidos de oposición han realizado protestas en contra del proyecto, porque temen que provoque expropiaciones masivas de tierras y daños irreparables al ecosistema.
Los campesinos exigen que se derogue la ley 840, que autoriza a la empresa china HKND a construir y administrar el canal por 50 años, con opción a una prórroga por otro período igual.
Ecologistas han insistido que el canal es una amenaza a recursos naturales como el Lago de Nicaragua, principal reserva de agua dulce de Centroamérica y áreas de preservación a lo largo de la vía, y agregan que afectará la rica biodiversidad del país.
Los activistas de derechos humanos temen las consecuencias de un gigantesco desplazamiento humano en la ruta del Canal, que, dicen, afectaría a decenas de miles de nicaragüenses.
También levanta dudas la capacidad del magnate chino Wang Jing de convencer a los inversionistas extranjeros para que pongan su dinero en la construcción, sobre todo después de que se conociera que su fortuna disminuyó en un 84% tras el desplome de las acciones de su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, en la bolsa china.