El gobierno estadounidense pedirá a la Corte Suprema pronunciarse en torno al plan del presidente Barack Obama de evitar que unos 5 millones de inmigrantes no autorizados sean deportados, se informó el martes.
La noche anterior, en una decisión de dos votos contra uno, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en New Orleans respaldó un mandato de un juez de Texas que obstruye el plan del presidente Obama de proteger a los padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales, junto con inmigrantes que hayan llegado al país cuando niños.
El Departamento de Justicia anunció el martes que discrepa con el fallo y que apelará a la Corte Suprema.
Los republicanos habían criticado el plan como una extralimitación de los poderes del ejecutivo cuando el mandatario lo anunció en noviembre pasado. Veintiséis estados apelaron el plan ante la corte.
El gobierno argumentó que la rama ejecutiva actuó dentro de sus atribuciones al decidir diferir la deportación de ciertos grupos de inmigrantes, incluidos niños que llegaron sin autorización a Estados Unidos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió el fallo.
“El presidente Obama debería abandonar su anárquico programa ejecutivo de amnistía y comenzar desde hoy a hacer valer la ley”, dijo Abbott en un comunicado de prensa.
“Estamos fuertemente en desacuerdo con la decisión del Quinto Circuito”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “La Corte Suprema y el Congreso han puesto en claro que el gobierno federal puede establecer prioridades para hacer cumplir con nuestras leyes migratorias.”
El fallo oscurece aún más las posibilidades de que la orden ejecutiva de Obama se implemente antes del fin de su gobierno en 2017. Las apelaciones a la suspensión podrían tomar meses y, de acuerdo a cómo se desarrolle el caso, podrían volver a la corte federal de Texas para mayores procedimientos.
El gobierno podría pedir una repetición del proceso al Quinto Circuito al completo pero el National Immigration Law Center, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes, instó a una apelación inmediata ante la Corte Suprema.
El Departamento de Justicia está revisando el fallo judicial para determinar la mejor forma de proceder, dijo su portavoz, Patrick Rodenbush, en un comunicado.
“El departamento está comprometido a tomar las medidas que resuelvan la disputa migratoria lo antes posible para permitir que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) logre un mayor rendimiento de nuestro sistema migratorio priorizando la deportación de los peores delincuentes, no de la gente que tiene lazos de larga duración con Estados Unidos y que están criando niños estadounidenses”, explicó.
Parte de la iniciativa incluyó la expansión de un programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el cual protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación si es que fueron traídos a Estados Unidos sin permiso cuando eran niños. La otra parte importante, la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses, extendería la protección de deportación a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que han estado en el país durante años.
La opinión mayoritaria, de 70 páginas, por parte del juez Jerry Smith, junto con Jennifer Walker Elrod, rechazó los argumentos del gobierno de que el juez de distrito abusó de su discreción con una orden a nivel nacional y que los estados carecen de autoridad para desafiar la orden ejecutiva de Obama.
Reconocieron un argumento de que un fallo en contra podría desalentar a los posibles beneficiarios del plan para cooperar con agencias de la ley, las autoridades o con el pago de impuestos.
“Pero esas son cargas que el Congreso creó a sabiendas, y no nos corresponde cuestionar esas decisiones”, escribió Smith.
En una postura en contra, de 53 páginas, la juez Carolyn Dineen King dijo que el gobierno actuó de acuerdo con la ley, e indicó que la decisión de diferir acción en algunas deportaciones es “un ejercicio básico de facultades discrecionales en el enjuiciamiento” de delitos, y recalcó que el Departamento de Seguridad Nacional tiene recursos limitados.
“Aunque existen cerca de 11.3 millones de extranjeros que pueden ser deportados actualmente en el país, durante los últimos años el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional apenas recursos suficientes para retirar a unos 400,000 de ellos al año”, escribió King.