Venezuela arranca la campaña electoral más reñida de su historia para unas elecciones legislativas, en las que la oposición espera superar en puestos en la Asamblea Nacional (AN) al chavismo, que desde hace casi 15 años tiene la mayoría de sus 167 diputados.
La observación electoral ha generado polémica en estos comicios, ya que la oposición demandó que acudieran misiones de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) desestimó estas peticiones y finalmente será una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) la que, tras la polémica en torno al cabeza de la delegación, supervise las votaciones.
Una delegación del Parlamento europeo presidida por el eurodiputado español Ramón Jáuregui, que visitó el país la semana pasada, demandó también poder estar presente en los comicios.
Jáuregui consideró que en Venezuela “no hay fraude” electoral pero aseguró que el oficialismo tiene “muchas más ventajas” que la oposición por el uso de los medios públicos y otras prácticas.
El nuevo Parlamento se constituirá el 5 de enero, cuando se elegirá a sus órganos directivos y a su presidente, para lo que se requiere la mayoría simple.
Si la oposición consiguiera la mayoría simple podría también censurar a ministros, autorizar los viajes del presidente así como acordar que los tribunales le puedan juzgar.
Los venezolanos escogerán 113 diputados de forma nominal, otros 51 serán elegidos por lista de partido y otros tres en representación de las comunidades indígenas. En los comicios están llamados a participar 19 millones de electores.
Los dos principales contendientes son el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y sus 31 partidos aliados, que integran conjuntamente el Gran Polo Patriótico (GPP), y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), compuesta por una veintena de organizaciones.
La oposición pone su esperanza en estas elecciones confiada en varios estudios de opinión publicados en los últimos meses que le dan un margen de victoria holgado debido fundamentalmente a la crisis económica que atraviesa el país.
El chavismo lanzará al ruedo varias de sus mejores fichas que aspiran al acta de diputados, entre ellas, la esposa de Maduro, Cilia Flores; el actual presidente de la AN, Diosdado Cabello, el excanciller Elías Jaua, y el medallista olímpico Rubén Limardo, además de varios exministros, cantantes y periodistas, algunos de ellos de escasa trayectoria en la política.
Cabello asegura que en estas elecciones los venezolanos se están “jugando la patria” y Maduro ha pedido a sus seguidores ganar las elecciones “como sea”.
La MUD ha hecho lo propio con una lista de experimentados actores de la política venezolana, varios de ellos líderes de los partidos políticos, actuales diputados, y también a la primera candidata transexual del país, la activista Tamara Adrían.
Entre otros, aspiran a ser o repetir como diputados el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, el coordinador de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, la vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo (UNT), Delsa Solorzano, o el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular (VP), Freddy Guevara.
La opositora María Corina Machado no ha podido presentarse al estar inhabilitada por la justicia, que la desposeyó de su condición de parlamentaria en la anterior legislatura tras presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en representación de Panamá.
Actualmente, el oficialismo tiene 101 diputados, tres de ellos opositores que se sumaron en los últimos dos años al chavismo luego de separarse de la MUD por distintas razones, y que en estos comicios se presentarán con la lista de la tarjeta roja. Las del 6 de diciembre serán las cuartas elecciones legislativas desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia (1999-20143). Hubo comicios parlamentarios en 2000, 2005, en los que gran parte de la oposición llamó a no votar, y 2010.
A causa de lo sucedido en las presidenciales de 2013, cuyos resultados no fueron aceptados por la oposición, Maduro ha propuesto para las legislativas del 6 de diciembre un acuerdo por el que ambas partes se comprometan a respetar lo que diga el escrutinio oficial.
La oposición lo ha rechazado al entender que no recoge las propuestas que consideraba importantes, como la de impedir el “ventajismo electoral” del oficialismo a través del uso de recursos del Estado.