El diario hondureño La Prensa (http://www.laprensa.hn/) informó hoy que desaparecieron unos 700 fusiles Kalashnikov o AK 47 y otras armas cortas decomisadas en operativos policiales de una bodega a cargo de la desarticulada Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI).
Según el medio, este nuevo hecho que salpica a varios altos oficiales de la Policía Nacional tiene ribetes de escándalo, si se toma en cuenta que muchas de esas armas pudieron ir a parar a manos de grupos irregulares o del crimen organizado que operan dentro y fuera de las fronteras de Honduras.
Además, dice La Prensa, pone en evidencia la corrupción y debilidad de la institución policial en el manejo y custodia de este tipo de artefactos bélicos, pues ya en octubre de 2011 se reportó la sustracción de 300 fusiles FAL y 300,000 proyectiles de un contenedor de la unidad especial Cobras.
Este nuevo lote de armas desaparecidas, en su mayoría fusiles AK-47, se encontraba en custodia en una bodega de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, cuya sede funcionaba en las cercanías del aeropuerto Toncontín en el sur de Tegucigalpa.
En el lote de pertrechos también había armas en desuso de la Policía Nacional y otro tipo de revólveres decomisados en los últimos diez años en operativos y acciones contra el crimen realizados por la institución policial.
Se conoció que entre las armas sustraídas de la bodega había varios fusiles de asalto y otros pertrechos de alto poder de fuego incautados al extinto capo del narcotráfico Pedro García Montes.
También desaparecieron AK 47 que la población hondureña entregó como parte de un plan de desarme voluntario emprendido por el Gobierno con organismos internacionales y que posteriormente fueron depositadas en bodegas del Ejército y de la Policía, confirmó a La Prensa una fuente oficial.
En vista de no contar con espacio en el cuartel general de la Policía, el alto mando resolvió que el armamento fuera almacenado en una bodega acondicionada en la sede de la extinta DNSEI.
La fuente confirmó que las armas eran producto de los diferentes decomisos que se efectuaron en los últimos años y otra parte provenía del programa gubernamental de desarme que se efectuó en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Investigación. Se supo que de este hecho existe una investigación pormenorizada que hizo la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cuyas autoridades remitieron un expediente investigativo al Ministerio Público para que emprendiera las acciones legales contra los supuestos implicados en este acto irregular.
El expediente se entregó en 2014, pero a la fecha la Fiscalía no ha formulado ninguna acción judicial.
Esta investigación inició de oficio y partió de la denuncia interpuesta por uno los directores de la DNSEI que notó la desaparición de las armas cuando el asumió el mando de la citada dirección de la Policía Nacional.
No se dejó huella
A partir de la información recabada por La Prensa, el extravío de los 700 fusiles y los revólveres está rodeado de una serie de irregularidades e inconsistencias que las autoridades de la DNSEI no supieron explicar a los órganos investigadores.
Al parecer todo fue muy bien planificado para no dejar huella y la sustracción comenzó a urdirse en 2008 cuando se reportó el primer extravío de una parte del armamento.
Uno de los investigadores que participó directamente en las indagaciones, pero que pidió la reserva de su identidad, reveló a La Prensa que al momento de hacer la inspección en la bodega se pudo cotejar que no existía ningún registro de las armas o simplemente los hicieron desaparecer para no dejar pistas.
Los encargados del almacén argumentaron que los fusiles y pistolas que ingresaban a la DNSEI simplemente se iban apilando sin ningún tipo de registro, lo cual resulta insólito, puesto que es obligatorio llevar un inventario pormenorizado de todas las armas que ingresan a custodia de la Policía.
“No se tenía ningún control de ingreso en la bodega, entonces eso posibilitó que cualquiera sacara una o más armas y no se tuviera un registro de salida”, dijo la fuente.
Precisó que en la investigación se hizo un recuento de todas las personas que estuvieron a cargo, tanto de la DNSEI como de los bienes materiales y encargados de la bodega, durante el tiempo en que pudieron sustraerse las armas.
La fuente agregó que de las diversas indagaciones hechas alrededor de los funcionarios policiales que estuvieron al frente de la DNSEI y de la bodega de pertrechos, se logró establecer de forma preliminar que hubo responsabilidad “por negligencia y omisión” de al menos dos directores y de dos oficiales encargados del almacén.
Según el investigador, este caso es mucho más complejo que la sustracción de los 300 fusiles Fal del Comando Cobras, porque de ese equipo hay números de serie que permiten identificarlos; sin embargo, de estos 700 fusiles no hay información que permita rastrearlos.