BRASILIA. La fiscalía de Suiza acusó ayer al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, de utilizar cuentas bancarias en el país europeo para recibir pagos para lavado de dinero y de corrupción vinculada al caso Petrobras, que ha puesto en crisis al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
La Fiscalía suiza investiga desde abril varias cuentas bancarias con el nombre de Cunha y de familiares y bloqueó los fondos sospechosos, informó ayer la Procuraduría General de Brasil.
Informó ayer que ante la imposibilidad de extraditar a Cunha –número tres en la escala de poder en Brasil-, transfirió a Brasil la causa que inició en abril pasado.
Eduardo Cunha enfrenta en Brasil una denuncia del Ministerio Público por recepción de dinero ilícito en el caso de desvíos de dinero en Petrobras. Ante ello, el polémico político conservador, cuya eventual imputación está a cargo del Supremo Tribunal Federal, negó los cargos.
Cunha es hasta la fecha el político de mayor rango investigado en la Operación Lava Jato (Operación Limpieza), que pretende desarticular la trama de desvío de cientos o incluso miles de millones de dólares desde Petrobras a partidos políticos, empresarios e intermediarios.
El caso Petrobras Considerado por el fiscal general de Brasil como el mayor caso de desvío de dinero de la historia del país, decenas de empresas y ejecutivos han sido imputados, mientras 54 políticos –entre ellos también el presidente del Senado, Renan Calheiros- son investigados por su supuesta implicación.
El Ministerio Público dijo que Da Cunha recibió sobornos por al menos 5 millones de dólares para la construcción de dos navíos sonda de Petrobras, entre 2006 y 2012.
El escándalo, que le costó más de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal, ha marcado la convulsionada agenda de Brasil este año.
En El Salvador, entre las empresas que resultaron ligadas al escándalo Petrobras están Odebrecht y Queiroz Galvão; seleccionadas por la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa), durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.
Queiroz Galvão fue contratada para ampliar la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre y Odebrecht fue preseleccionada para construir El Chaparral, cuyas obras fueron abandonadas a medias y pese a ello el Estado terminó pagando $108 millones.