AAunque sigue habiendo libertad de prensa y de expresión, hay cierta obstaculización a la labor periodística en El Salvador, hay ataques cibernéticos contra medios electrónicos, se presiona para afectar derechos adquiridos de frecuencias radiales y televisivas y hay poco avance en acceso a información pública, destaca el informe de El Salvador ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en Charleston, EE. UU.
El informe, preparado por Fabricio Altamirano, vicepresidente de Libertad de Expresión de la SIP para El Salvador y Director Ejecutivo de El Diario de Hoy, dice que “son preocupantes también las clonaciones y ataques cibernéticos contra medios electrónicos y periodistas de parte de grupos anónimos bajo investigación, pero que a todas luces resienten las críticas vertidas contra el aparato estatal”.
Se pone de ejemplo los casos de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, cuyas páginas electrónicas han sido clonadas para difundir entrevistas falsas de sus respectivos directores.
El ataque contra La Prensa Gráfica, que denunció el hecho ante la Fiscalía General, vino luego de que se informara sobre reformas para castigar delitos cibernéticos y tras una investigación que señalaba a “serios cuestionamientos éticos por la compra de terrenos urbanizados” en Nuevo Cuscatlán por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
También se ha clonado el medio electrónico www.elsalvador.com desde diciembre de 2014 a enero de 2015 en el contexto de una campaña política, y desde allí difundieron contenidos falsos contra candidatos con la “clara intención de ridiculizar a El Diario de Hoy”.
Más recientemente hubo otro ataque similar en el que incluyeron declaraciones falsas del director ejecutivo del Grupo Editorial Altamirano, Fabricio Altamirano, justo después de que se publicaran reportajes que revelaban la deforestación para construir viviendas en Nuevo Cuscatlán.
El informe también expone cómo organizaciones ligadas al oficialismo están presionando para que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, cambie la sentencia que reconoció los derechos adquiridos de las estaciones de TV y radio y los parámetros sobre los que debe mantenerse y regularse el espectro radioeléctrico definido por la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones.
También se denunció ante la SIP que “persiste el ocultamiento de informes públicos” al imponer reserva a información como el multimillonario proyecto de ampliación de la represa 5 de Noviembre por parte de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Destaca que solo el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recoge 172 apelaciones por igual número de casos de negación de información u ocultmiento de información de entes del Estado, sobre todo el Ministerio de la Defensa, Congreso, Corte de Cuentas y Fiscalía General.
No obstante, pone como hecho relevante decisiones del IAIP como el haber ordenado a la Corte de Cuentas entregarle a El Diario de Hoy el informe de auditoría al contrato del millonario y malogrado proyecto de El Chaparral, el cual era negado por la contraloría .
Además se expone cómo autoridades del Ministerio Público obstaculizan a la prensa al no brindar las identidades de las víctimas y en las últimas semanas ni se actualizan las cifras. Tambén que la Policía ha revelado que desde septiembre tienen órdenes de no dar cantidad de casos ni detalles sobre los homicidios.
Se incluye además que el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén y funcionarios de seguridad han acusado a los medios de comunicación de magnificar los hechos de sangre y crear pánico entre la población por informar, pese a que agosto cerró record (907 homicidios).
Otra de las denuncias hechas es “atropellos contra periodistas” como el caso del director del Hospital de Maternidad que sacó de las instalaciones y a gritos a una periodista de El Diario de Hoy que intentaba verificar denuncias de mal funcionamiento del equipo del hospital.
De igual manera se reportó el homicidio de un locutor radial en San Miguel y una periodista baleada en La Unión.
Un aspecto positivo que se destaca es que en la administración de Salvador Sánchez Cerén se ha mantenido una distribución más equitativa de la pauta publicitaria gubernamental en los diferentes medios de comunicación, contrario a la anterior administración que mostraba preferencia a los grupos alineados con las políticas gubernamentales y medios estatales.