BRASILIA. Ayer, el Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó al Parlamento que rechace los balances del gobierno de Dilma Rousseff referentes al año pasado por una serie de irregularidades.
El pleno del Tribunal acompañó de forma unánime el voto del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien halló indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas de 2014.
Nardes afirmó que el Ejecutivo cometió “graves ofensas” contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma “sistemática” las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
Esta es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de las cuentas públicas de un Gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo.
El juez instructor calculó que se omitieron del balance deudas por $27,300 millones, lo que llevó al Gobierno a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.
Entre las irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
Las maniobras fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en unos $1,795 millones) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas artimañas.
Los bancos tuvieron que costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor consideró equivalente a la concesión de “créditos ocultos” al Ejecutivo, algo que está prohibido por ley.
El dictamen del Tribunal de Cuentas será remitido al Congreso que, si sigue esta recomendación y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y otros miembros de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal.
Mientras, el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió reabrir la investigación sobre la campaña presidencial de Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular el segundo mandato de Rousseff, que comenzó este año.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT) y Michel Temer (PMDB) financió su carrera con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran “frágiles”.
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y Temer de “abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos”.
El partido, que llevó como candidato en las elecciones de octubre pasado al actual senador Aécio Neves, plantea además que hubo “manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda”.
En la causa, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, sustenta que todas las donaciones fueron legales y registradas ante la Justicia electoral y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones, aunque el proceso podría durar meses e incluso años y ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.