MANAGUA. El gobierno del sandinista Daniel Ortega asumió el control directo, “sin intermediarios”, de la gestión e implementación de los programas financiados a través de fondos de la cooperación externa, provocando la suspensión inmediata de al menos siete proyectos manejados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, cuya representante Silvia Rucks dejará el cargo.
El PNUD maneja una cartera de proyectos con un presupuesto de ejecución de unos $20 millones anuales y sus programas están agrupados en torno a 4 ejes programáticos: “Desarrollo con equidad, Gobernabilidad Democrática, Medio ambiente y energía, y equidad de género”, que de alguna manera ofrecían un espacio para promover la participación de la sociedad civil, con estándares básicos de transparencia pública.
La decisión oficial sorprendió a los diplomáticos por la forma brusca en que se anunció, aunque representa la última etapa de un proceso que se viene ejecutando desde 2009, cuando empezó el retiro de las principales agencias cooperantes.
El objetivo final es centralizar el manejo oficial de la cooperación externa, para alinearla a la estrategia política y económica del gobierno. “Resulta irracional que se consigan fondos externos para que sean ejecutados por terceros, si el gobierno cuenta con unidades ejecutoras que lo pueden hacer bien o mejor”, resumió a Confidencial una fuente gubernamental ligada al tema de cooperación .
Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua, lamentó el retiro de Rucks asegurando que el liderazgo de la diplomática pudo haber desempeñado un papel importante en la nación.
Una fuente cercana al ámbito diplomático aseguró a Confidencial que el retiro de Rucks está relacionado con el apoyo que el PNUD brinda a ONGs y a la percepción que existe en el gobierno sobre la uruguaya por ser ella “una persona muy independiente”, dijo.
Para Francisco Aguirre Sacasa, excanciller, la salida de la diplomática es un completo misterio, tomando en cuenta que sólo fungió por 15 meses para un cargo que dura 4 años. “A mí me dejó perplejo el comunicado del PNUD que leí anteayer. Para mí fue muy crítica la nota de la ONU. No comprendí las declaraciones del PNUD y tampoco qué pudo haber precipitado la salida de Rucks”, explicó.
El pasado 22 de septiembre los responsables de todos los programas de cooperación externa bilateral y multilateral en Nicaragua, fueron citados a una reunión en cancillería presidida por el procurador Hernán Estrada, el Ministro de Hacienda Iván Acosta, y la nueva secretaria de cooperación externa Arlette Marenco, quien sustituyó en el cargo al vicecanciller Valdrack Jaentschke. El mensaje fue que “siendo ahora Nicaragua un país de ingreso medio, por una decisión soberana del gobierno todas las gestiones de cooperación externa y la implementación de los proyectos se realizarán sin ninguna clase de intermediarios”.
Pero economistas independientes e investigadores sociales denunciaron una situación de “apagón informativo”, por el atraso en la publicación de estadísticas oficiales y el mismo censo de población, al extremo de que el PNUD dejó de publicar el Informe Nacional de Desarrollo Humano desde 2011, por la inexistencia de indicadores sociales actualizados.
Sofía Montenegro, directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) opinó que las nuevas decisiones gubernamentales corresponden a un interés por callar a las ONG críticas. “Lo que están diciendo es que le pasen la plata directamente al Gobierno… Ya controlan lo medios, ya destruyeron los partidos políticos y van a terminar de acabar con las organizaciones civiles… es un proceso totalitario”, dice.
Añadió que hay 3 aspectos que el sandinista quiere ocultar de los demás: el manejo de la democracia, los derechos humanos y los derechos políticos “Está claro que no solo quieren controlar más proyectos, sino que hay un interés en sacar del juego al PNUD”, comentó la fuente diplomática latinoamericana.
Al parecer el gobierno se está viendo en el espejo de Guatemala después de las investigaciones de la Cicig y las protestas que culminaron con la renuncia del presidente Pérez Molina. “Hay una especie de paranoia con la cooperación externa y los programas que involucren apoyo a la sociedad civil”, advirtió la fuente.
Mauricio Díaz, diputado al Parlacén por el Partido Liberal Independiente (PLI), indicó que si el gobierno desea transparentar la cooperación, puede hacerlo por medio de SysONG, un sistema de consulta que formaba parte del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en administraciones anteriores usaban para presentar todos los detalles de la inversión que el Estado hacía con los fondos de la cooperación.
Para Díaz, la aplicación de un modelo sin intermediarios deja varias dudas. “¿Por qué hasta ahora deciden abrir esa “caja”, después de que lo manejaron como un secreto de Estado, sin rendirle cuentas al país, como ha sucedido con la cooperación venezolana? Sólo tenemos estimados, sabemos que son casi cuatro mil millones de dólares. ¿Dónde están? Esa es la pregunta que todos nos hacemos (…) Esto podría ser una manera de intentar demostrar al mundo que las cuentas se manejarán de forma transparente, pero ya corrió demasiada agua sobre ese puente”, lamentó.