BRASILIA. El Supremo Tribunal Federal de Brasil hizo lugar ayer a una acción promovida por el oficialista Partido de los Trabajadores que complica el camino de la oposición para aprobar el inicio de un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, postergó para la semana próxima la decisión de dar o no curso al proceso de destitución en el Congreso.
La solicitud de la oposición exige someter a juicio a Rousseff por maniobras fiscales realizadas en 2014 para maquillar las cuentas públicas, lo cual la Constitución contempla como uno de los motivos para una posible destitución.
La cautelar del ministro de la Corte Suprema Teori Zavaski niega la posibilidad de que si un pedido de apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff es rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la oposición pueda apelar a esa decisión en el pleno de ese órgano legislativo.
La medida fue adoptada por Zavascki, uno de los 11 miembros del Supremo, quien fue consultado sobre el asunto por legisladores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aclaró que la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe al presidente de la Cámara baja, con apoyo de su departamento jurídico.
Según el magistrado, así lo define una ley de 1950, que es la que aún establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un presidente.
La decisión del Supremo fue en respuesta a un “mandato de seguridad”, acción promovida por un diputado del oficialista Partido de los Trabajadores, Wadih Damous, para obstruir la estrategia de la oposición.
De esta forma, la Corte Suprema no da por cerrado el caso y aguardará la respuesta del diputado Cunha que pese a todo puede dar curso al proceso de juicio político valiéndose de otras vías procesales.
La decisión emanada del Supremo Tribunal Federal en principio respalda la estrategia del partido gobernante pero no anula la disputa en el Congreso donde oficialistas y opositores continuaban ayer en sus despachos para una eventual “batalla” política en el recinto.
De hecho, Cunha, que se ha declarado abiertamente opositor aunque pertenece al principal aliado del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), confió a sus colaboradores que evalúa la posibilidad de posponer la votación del inicio del juicio político, según el diario Folha de S. Paulo.
En los últimos meses, Cunha ha recibido una veintena de pedidos para iniciar un proceso con miras a la destitución de Rousseff y ya ha rechazado la mitad, pues carecían de justificaciones jurídicas.
Sin embargo, sobre su mesa espera una solicitud que exige someter a juicio a Rousseff por maniobras fiscales realizadas en 2014 para maquillar las cuentas públicas, lo cual la Constitución contempla como uno de los motivos para una posible destitución.
Los principales partidos opositores habían anunciado que, en caso de que Cunha rechazara ese nuevo pedido, llevarían el caso al pleno de los diputados, apoyados en determinaciones del propio jefe de la Cámara, que la decisión del juez Zavascki ha considerado ayer que carecen de valor legal.
Cunha declaró que el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados estudiará la cautelar y que, si lo considera necesario, “responderá” a la determinación del juez.
Sin embargo, aclaró que esa cautelar “no interfiere en nada” en la decisión que pueda adoptar en relación a un posible juicio contra Rousseff, pues solo alteraría el procedimiento para llevarlo a cabo si se considerase que la mandataria incurrió en irregularidades. —AGENCIAS.