GUATEMALA. El Juzgado B de Mayor Riesgo de Guatemala ordenó ayer el arraigo de 50 empresarios acusados de pagar sobornos a la red de corrupción aduanera “La Línea”, caso que obligó a renunciar a Otto Pérez Molina a la Presidencia del país y lo mantiene en prisión preventiva.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado, dictó la orden de prohibición de salida del país ayer a solicitud del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que a su vez dio a conocer la identidad de los 50 empresarios acusados de sobornar a autoridades aduaneras.
El titular del Juzgado B guatemalteco no detalló cuándo serán citados a declarar los 50 empresarios importadores de bienes.
Los nombres de los 50 importadores divulgados ayer componen solamente una parte del listado, pues de acuerdo a la Fiscalía hay otros 250 empresarios vinculados a los sobornos.
La fiscal general, Thelma Aldana, había afirmado anteriormente que el listado podría aumentar hasta 1,500 importadores implicados en la trama.
El juez Gálvez inició en julio pasado un proceso judicial contra los primeros nueve empresarios acusados de defraudación aduanera, quienes evitaron la prisión preventiva con el pago de fianzas.
La supuesta estructura de corrupción, bautizada como “La Línea”, fue desmantelada entre abril y septiembre de este año por el MP y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig).
Por el caso hay más de 29 personas en prisión preventiva, incluido Pérez Molina, que renunció a la Presidencia en septiembre, y la que fue su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien dimitió del cargo en mayo pasado, ambos señalados por las autoridades como los dirigentes de la red de corrupción.
De acuerdo a las investigaciones del MP y la Cicig, Pérez Molina y Baldetti comandaban la estructura en complicidad con 49 personas dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria.
El general retirado se mantiene en que es inocente y aguarda en una prisión habilitada dentro de un cuartel militar para la continuación del proceso judicial, programada para diciembre próximo.
El exmandatario fue investido en enero de 2012 y debía culminar su período constitucional en el mismo mes de 2016.
El MP y la Cicig han afirmado en base a más de 88,000 escuchas telefónicas que los empresarios llamaban a un número, por eso la red fue bautizada “La Línea”, para concretar un soborno con el objetivo de pagar menos impuestos de los establecidos por la ley.
La estructura denominada “La Línea”, era supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado y mano derecha de Baldetti, quién se entregó a la justicia el 5 de octubre tras permanecer prófugo más de seis meses.
Las autoridades calculan que más de 1,500 contenedores con mercancías entraron en el país mediante “La Línea” evadiendo el pago de impuestos.
El juez también ha decidido que la ex vicepresidenta Baldetti abandone el hospital militar en el que se encontraba desde el 11 de septiembre a causa de problemas de salud y vuelva a la cárcel para mujeres Santa Teresa donde guarda prisión. Según un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, la ex mandataria ya está mejor de salud y puede volver a prisión.
Estuardo Salvador González, alias Eco, miembro de la estructura de “La Línea”, en declaración ante juez dijo que Pérez Molina y Baldetti, recibieron por lo menos el 50% de los sobornos que la estructura recolectaba.
Dijo que el pago que se cobraba a los importadores por medio de “La línea” para agilizar el trámite de sus embarques en aduanas y evitar cualquier inconveniente, se entregaba a Pérez Molina y Baldetti.
En consecuencia, dijo, esos recursos nunca llegaron a las arcas de la autoridad recaudadora de impuestos.