BRASILIA. La presentación de un nuevo pedido para la apertura de un juicio con miras a la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, atizó ayer la crisis política en la que se encuentra inmersa la mayor economía de Latinoamérica.
Un grupo de conocidos juristas, entre ellos Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y alejado de la formación desde hace años, presentó en una notaría de Sao Paulo la nueva acción, que será oficializada el próximo martes en la Cámara de Diputados.
Los partidos de la oposición aspiraban a entregar la petición a la Presidencia de la Cámara baja para agilizar su trámite pero optaron por aplazar el acto para darle una mayor promoción.
El nuevo pedido aúna otros dos presentados previamente y que se fundamentan en las maniobras fiscales realizadas por el Ejecutivo en 2014 para maquillar sus balances, pero añade un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que señala que esas irregularidades también fueron cometidas en los primeros meses de 2015.
Con esa nueva acción, los juristas quieren adelantarse a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo tras una acción del PT, la cual argumenta que una “falta administrativa” cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero.
Por ello, los juristas incluyeron en el nuevo pedido el juicio político el informe que dice que las maniobras fiscales de 2014 se mantuvieron en los primeros meses de este año, con lo cual se refieren al nuevo mandato de la presidenta.
El jurista Miguel Reale, uno de los abogados más reconocidos del país y quien también suscribe el documento presentado ayer, subrayó que el nuevo pedido supone una “reorganización” de las acciones presentadas anteriormente y demuestra que los “hechos son graves”.
Hasta ahora, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, ha rechazado once pedidos para procesar a Rousseff, pues entendió que carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución, pero los juristas creen que la nueva acción sí las reúne.
“La expectativa es que la nueva acción sea acogida”, afirmó Bicudo, quien recibió de manos de un líder de un movimiento civil a favor de la destitución de Rousseff un muñeco inflable con la figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y mentor político de la mandataria, vestido de preso.
La decisión de aceptar o no el pedido para el inicio de un juicio político contra la jefa de Estado está en manos del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien a pesar de formar parte del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, se ha pasado, de manera personal, a las filas de la oposición.
Cunha es investigado por supuestamente haberse beneficiado de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, por lo que un grupo de 49 diputados, 34 de ellos del PT, ha presentado una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojarlo de su escaño.
Según versiones de prensa, Cunha negociaría con el Gobierno un supuesto intercambio de favores -él rechazaría el pedido de juicio contra Rousseff y el PT aseguraría su escaño-, pero él mismo negó ayer esas conjeturas en forma tajante.