WASHINGTON. Activistas y periodistas venezolanos denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) irregularidades de los organismos públicos debido a la restricción de acceso a la información pública en Venezuela.
Venezuela y Ecuador, dos de los países que más cuestionan el trabajo de la Comisión, fueron los protagonistas de la jornada de apertura del 156 periodo de sesiones del ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Sobre Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Transparencia Venezuela llevaron informes con documentación sobre las violaciones a la libertad de expresión, las cuales persisten y configuran una situación de hostilidad sistemática para las voces críticas e independientes, informó el diario venezolano El Nacional.
“Desde enero y hasta septiembre de 2015 registramos un total de 205 denuncias de violaciones a este derecho. El hostigamiento verbal (52), la intimidación (50), la censura (36) y las agresiones (27) constituyeron los principales patrones de violaciones”, señalaron desde Washington.
El acceso a la información de organismos gubernamentales en Venezuela es “prácticamente inexistente”, dijo la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
Según ella, 60 de 475 normas y decretos vigentes en los últimos 16 años limitan el acceso de periodistas y ciudadanos a la información pública.
Existe un marco legal “restrictivo” y sentencias judiciales que crean “nuevos obstáculos”, porque los jueces consideran que los pedidos de información “atentan contra la eficacia del Estado”, apuntó.
Opacidad
Los periodistas recordaron que el régimen niega información de interés público y no publica las estadísticas macroeconómicas del país, memorias y cuentas de instituciones públicas, presupuestos, información sobre la escasez de medicinas y alimentos, balances del El Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno, información sobre el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, e información sobre bloqueos a Internet.
Con respecto a las restricciones indirectas indicaron que persiste una serie de prácticas institucionales-burocráticas que limitan el funcionamiento regular de los medios, afectando así el derecho de la sociedad a estar informada. “Persisten los obstáculos para la compra de papel e insumos para prensa”, dijo.
Entre los obstáculos están la venta de papel monopolizada por la Corporación Maneiro, la cual vende a libre discreción con serias restricciones para medios críticos al régimen. Tampoco entregan divisas para compra de insumos como planchas y tinta, los cuales deben ser comprados a un precio 66 veces superior al establecido oficialmente.
Afirmaron que la situación ha causado la reducción del formato de 10 diarios regionales en los últimos 2 años.
Además, más de 300 emisoras de radio esperan respuesta por parte de Conatel respecto a la concesión del espectro radioeléctrico.
También recordaron que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, hostiga a periodistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación en su programa televisivo, que es transmitido por el Venezolana de Televisión, el canal del régimen. “Estas acciones intimidan la labor realizada por estas personas y mantiene persistentes amenazas contra su vida e integridad”, comentaron en la intervención.
El relator de la CIDH para Venezuela, el chileno Felipe González, dijo que el acceso a la información en Venezuela es un tema recurrente en las sesiones del organismo interamericano y acusó al régimen autoridades venezolanas de desatender las acusaciones.
“Considero que el Estado no se ha hecho cargo de las acusaciones. No ha proporcionado (información) a la Comisión sobre las serias deficiencias al acceso a la información pública que han planteado (las organizaciones civiles) en ésta y otras audiencias”, dijo .
Caso RCTV
También ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al régimen venezolano que “por coherencia” cumplan la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó semanas atrás en el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) y que por lo tanto le devuelva su señal al otrora canal 2.
“Es muy importante que el Estado proceda a cumplir la sentencia de la Corte, que es muy clara al respecto, que se refiere a una cuestión de libertad de expresión, (y que fue producto de) un juicio en cual que Venezuela fue y se defendió y donde no alegó falta de jurisdicción de la Corte y lo coherente es que ahora cumpla”, afirmó el comisionado chileno Felipe González, durante la audiencia.
La Corte con sede en San José (Costa Rica) determinó la decisión del fallecido Hugo Chávez de no renovarle la concesión a RCTV violó el derecho a la libertad de expresión de los directivos de la empresa y de sus periodistas y además despojó a los ciudadanos de un medio para informarse y entretenerse; y por ello le ordenó dar marcha atrás.
Sin embargo, nada más conocerse el dictamen del juzgado internacional distintos funcionarios adelantaron que el mismo no sería acatado y menos de 48 horas después la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declaró inejecutable.
Ecuador se retiró
La sorpresa de la jornada la dio Ecuador, al enviar representantes del gobierno a una de las audiencias bianuales de la CIDH por primera vez desde marzo de 2013.
Cinco representantes del gobierno ecuatoriano asistieron a una audiencia centrada en el caso de dos poblaciones indígenas que viven ocultas en la selva del Amazonas y cuya vida se ve supuestamente amenazada por la extracción de petróleo.
No obstante, la mesa reservada a Ecuador en cada audiencia quedó vacía en las 3 audiencias siguientes, una escena que se viene repitiendo en los últimos periodos de sesiones y con la que Ecuador manifiesta su crítica hacia el organismo.
“No tenemos una explicación de por qué se retiraron, es un hecho que se lamenta”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
“(Esto) parece una lectura selectiva de qué atender y qué no atender. Y me parece que las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos no es así, no es que fuera un menú, sino que son obligaciones a atender”, añadió Icaza.