WASHINGTON. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designado para investigar la desaparición de 43 estudiantes hace un año en Iguala (Guerrero) continuará trabajando en el caso, después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de México para abrir una segunda etapa de trabajo.
Las dos partes presentaron ayer el documento de diez compromisos en una audiencia pública de la Comisión sobre el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dentro del 156 periodo de sesiones del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.
El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que expiraba el 31 de octubre, será renovado por un periodo que determinará en los próximos días la Comisión, a quien el Gobierno de México pide seis meses más y los familiares de las víctimas, una prolongación indefinida.
Uno de los puntos principales del acuerdo es el traspaso de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuradoría de Derechos Humanos de México.
“La virtud de la transferencia es contar con nuevos ojos, con personas que toman una posición a partir de lo que se ha investigado, personas con un perfil de especialización en derechos humanos y en desapariciones”, señaló Ángela Buitrago, una de los cinco expertos del GIEI.
El cambio del equipo de investigación fue una de las demandas que hicieron los representantes de la sociedad civil, como el director del centro Prodh, Mario Patrón, quién denunció que “el expediente sigue estando en manos del equipo de investigación que según los expertos ha emitido pruebas y distorsionado la teoría del caso”.
El director de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Eber Betanzos, destacó del acuerdo que el informe que el GIEI presentó en septiembre se ha incorporado a la investigación y calificó de “fundamental” la participación del grupo “para tener un rumbo transparente y una asesoría experta” en el caso.
En ese informe, el grupo denuncia irregularidades en la investigación y cuestiona la versión oficial del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en un basurero.
Uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con el Gobierno mexicano es la exigencia del grupo de poder entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.
“Tenemos la certeza de que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y tenemos dudas, por eso consideramos indispensable hacer nosotros las entrevistas directas”, afirmó Claudia Paz y Paz, otra de las expertas del grupo.
Su compañero Carlos Martín Beristain añadió que 16 miembros del batallón presentaron declaración voluntariamente a partir del 26 de agosto pero esa información no se ha enviado al grupo de trabajo, a pesar de haber solicitado las entrevistas con los militares hasta en seis ocasiones.
Preguntado con insistencia por los comisionados y por los periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Roberto Campa, se limito a decir que “la diligencia que tiene que ver con el Batallón 27 puede desarrollarse en los términos del acuerdo a través del Ministerio Público”.
Los miembros del GIEI no interpretaron esas palabras como un “no” sino como “la puerta abierta a seguir insistiendo”, según dijo Clara Paz y Paz, quien subrayó que el grupo no quiere que las preguntas a los militares las haga un tercero “porque quizás falta algo o quedan dudas”.