BRASILIA. La presidenta brasileña Dilma Rousseff afronta una nueva prueba sobre la integridad de las cuentas fiscales de su gobierno a sólo semanas de que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) rechazara las cuentas del ejercicio 2014.
Augusto Nardes, el juez que encabezó la investigación de las irregularidades en el presupuesto federal del año pasado, le dijo al Financial Times que la investigación ahora examinaría también las cuentas de este año.
Nardes, juez del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el tribunal nacional de cuentas que inspecciona el presupuesto del gobierno federal de Brasil, presidió un fallo histórico este mes y rechazó sus cuentas del año 2014 — siendo la primera vez que ha sucedido esto desde que fue fundado en la década de 1930. La oposición espera utilizar la decisión como base para un proceso de juicio político contra la presidenta.
Agregó que el TCU había recibido un nuevo juicio de parte de fiscales públicos en el que se alega que durante la primera mitad de este año el gobierno había seguido utilizando las mismas prácticas que llevaron al TCU a rechazar las cuentas del año pasado. Éstas incluyeron la reducción artificial del déficit presupuestario mediante el uso de préstamos de bancos estatales para pagar programas de bienestar social.
“Esto tiene que acabar, porque seguir utilizando el dinero de los bancos sin autorización del Congreso (para pagar gastos presupuestarios) va contra la ley”, dijo.
Si se confirman, las nuevas acusaciones se podrían utilizar para reforzar el argumento de la oposición a favor de un juicio político contra Rousseff, según analistas.
La economía de Brasil enfrenta su peor recesión desde la década de 1930, ya que ha finalizado el superciclo de los productos básicos y un escándalo de corrupción en la compañía estatal Petrobras ha empeorado la creciente crisis fiscal y política.
Rousseff está siendo criticada por presuntamente haber utilizado trucos de contabilidad para ocultar el verdadero estado de las finanzas del gobierno el año pasado.
Al rechazar las cuentas del gobierno, el TCU identificó 106 mil millones de reales (27 mil millones de dólares) en gastos por parte de la administración de Rousseff el año pasado que no fueron debidamente justificados.
Después de ganar la reelección en octubre del pasado año luego de una campaña en que mantuvo que la economía estaba bien, la presidenta se embarcó en un programa de austeridad fiscal para intentar reequilibrar las decrecientes finanzas públicas de Brasil.
La oposición asevera que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal al esconder pasivos para programas sociales en los libros de cuentas de bancos estatales en lugar de financiarlos directamente del presupuesto, y tiene la intención de usar esto como base para someterla a juicio político.
Ahora le toca al Congreso votar si se puede utilizar el fallo del TCU como base para un juicio político contra Rousseff. El Partido de los Trabajadores (PT), partido gobernante de la presidenta, tomó medidas la semana pasada para evitar esta posibilidad mediante una campaña para expulsar a Eduardo Cunha, vocero de la cámara, quien tiene el poder para comenzar el proceso de juicio político y está alineado con la oposición.
Autoridades suizas han abierto un proceso criminal contra Cunha por presunto lavado de dinero y corrupción. Cunha ya se ha visto previamente implicado por parte de las autoridades brasileñas en un gran escándalo de corrupción que afecta a Petrobras, en el cual presuntamente recibió sobornos de los contratistas de la empresa petrolera estatal. Cunha ha rechazado las acusaciones.