WASHINGTON. Cinco organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falta de independencia judicial en Honduras y el robo de $350 millones por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“A día de hoy, apenas se han procesado a siete personas por el desfalco del Seguro Social y los avances para recuperar el dinero robado son pocos o nulos”, aseguró Martín Fernández, abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) durante la primera audiencia del país centroamericano.
Entre 2010 y 2014, la “red de empresas fantasma” creadas en torno al Seguro Social provocó la pérdida de aproximadamente 350 millones de dólares, un monto que representa cerca del 60 % del presupuesto nacional anual de salud pública, según los cálculos de su organización.
Las audiencias, de las que se ausentaron los representantes del Estado, se producen en un momento de máxima tensión en Honduras con múltiples protestas por el escándalo del IHSS, descubierto en 2014 y que ha salpicado a funcionarios de los últimos tres gobiernos, así como empresarios, políticos y periodistas.
Desde mayo pasado, miles de personas salen pacíficamente a las calles para pedir la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, y un castigo ejemplar para los que desfalcaron al IHSS.
Según las organizaciones, el multimillonario robo ha provocado una baja del 25 % de las personas que recibieron atención médica por el IHSS entre 2013 y 2014 y ha repercutido en el desabastecimiento de medicamentos, así como en la reducción de personal e infraestructuras para atender a los enfermos.
“No está de más recordar que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido por la propia constitución hondureña”, señaló Fernández.
Por ello, pidieron a la Comisión que considere la información aportada para el informe que el organismo está elaborando sobre Honduras y que se examine la situación de la libertad de expresión en el país porque, según resaltaron, la población tiene dificultades para acceder a información gubernamental.
En otra audiencia, la asociación de Jueces para la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) aseguraron que la corrupción del país centroamericano queda impune por falta de independencia judicial.
Las dos organizaciones denunciaron ante la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la “erosión” de la independencia judicial en el país, así como la “falta de transparencia” en el proceso de elección de los 15 jueces del Tribunal Supremo.